Fabiola Márquez
El coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, desestimó los señalamientos públicos sobre presuntos pagos del crimen organizado a elementos de la policía estatal, al considerar que forman parte de una narrativa impulsada desde la oposición y que carecen, hasta el momento, de sustento oficial.
En diálogos circulares , el vocero estatal fue enfático al señalar que no se puede dar por válida la información que ha circulado en torno a un supuesto documento encontrado en una casa de seguridad, en el que presuntamente se detallan entregas de dinero a corporaciones policiacas. Esto dijo tras señalamientos de diversas figuras políticas “Es la oposición”, expresó al referirse a la difusión del tema, y subrayó que se debe actuar con responsabilidad antes de emitir juicios que puedan dañar la imagen institucional.
Martínez Velázquez sostuvo que cualquier documento asegurado en un operativo debe pasar por un proceso formal de verificación por parte de las autoridades competentes. “Es necesario constatar la veracidad de ese papel. No podemos construir una narrativa pública a partir de un documento cuya autenticidad no ha sido confirmada, ni sabemos en qué contexto fue elaborado”, puntualizó.
El funcionario explicó que corresponde a la Fiscalía llevar a cabo las investigaciones periciales necesarias para determinar si el documento es auténtico, si su contenido es real y si existe algún vínculo comprobable con servidores públicos. Hasta que ese proceso concluya, insistió, cualquier señalamiento debe manejarse con cautela.
Asimismo, advirtió que la difusión de versiones no verificadas puede generar desinformación y afectar la percepción ciudadana sobre las instituciones de seguridad pública. En ese sentido, llamó a los actores políticos y a la opinión pública a evitar especulaciones que puedan entorpecer las investigaciones o politizar un asunto que debe atenderse bajo el marco legal.
Martínez Velázquez reiteró que la postura del Gobierno del Estado es clara: esperar los resultados oficiales antes de fijar una posición definitiva. “Las instituciones deben actuar con base en pruebas, no en suposiciones. Si existe algún elemento que confirme irregularidades, será la autoridad competente quien lo determine”, afirmó.
Finalmente, Antonio Martínez Velázquez señaló que el combate a la delincuencia requiere seriedad y coordinación institucional, por lo que pidió no utilizar temas sensibles de seguridad pública como herramienta de confrontación política. Mientras tanto, aseguró que el gobierno estatal mantiene su disposición de colaborar con las instancias investigadoras para esclarecer cualquier hecho que así lo requiera.
