Fabiola Márquez
En medio de un contexto marcado por denuncias ciudadanas y casos de alto impacto social, colectivos, activistas y víctimas han señalado presuntas omisiones en la actuación de Jaqueline Ordoñez Brasdefer, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
De acuerdo con los inconformes, uno de los principales reclamos radica en la falta de seguimiento puntual y público a diversas quejas relacionadas con abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza por parte de corporaciones policiacas, así como posibles violaciones a derechos fundamentales en centros de detención y separos municipales.
Organizaciones civiles han señalado que, si bien las quejas son recibidas formalmente, en algunos casos no se observa la emisión oportuna de recomendaciones, medidas cautelares o posicionamientos firmes ante hechos que han generado indignación social.
Subrayan que la ombudsperson tiene la facultad y responsabilidad de actuar de oficio cuando existen indicios claros de vulneraciones a derechos humanos, particularmente en casos que involucran a servidores públicos.
Entre los temas que activistas consideran pendientes de atención destacan presuntas agresiones contra mujeres en contextos institucionales, señalamientos de violencia política, así como denuncias de condiciones inadecuadas en centros de reclusión y en instancias de seguridad pública.
También se ha mencionado la necesidad de mayor acompañamiento integral a víctimas, no solo en el ámbito jurídico, sino psicológico y social.
Los colectivos sostienen que la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe fortalecer la transparencia en la información sobre el avance de expedientes, emitir informes periódicos claros y garantizar que las recomendaciones no queden únicamente en exhortos sin consecuencias prácticas.
Asimismo, se ha cuestionado la limitada presencia pública del organismo ante hechos recientes que han impactado a la opinión pública.
Para los inconformes, la falta de pronunciamientos firmes podría interpretarse como una postura pasiva frente a posibles violaciones de derechos humanos.Hasta el momento, no se ha dado a conocer un posicionamiento detallado por parte de la titular del organismo respecto a estos señalamientos.
Sin embargo, los colectivos han reiterado que su exigencia no tiene un carácter político, sino que busca fortalecer la autonomía, eficacia y credibilidad de la institución encargada de proteger los derechos fundamentales en Tlaxcala.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a que la Comisión refuerce su papel como contrapeso institucional, actúe con mayor firmeza en la defensa de las víctimas y consolide mecanismos que garanticen una atención pronta, imparcial y efectiva en todos los casos que llegan a su conocimiento.
