La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la eliminación de fideicomisos federales impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue constitucional, al concluir que el proceso legislativo no presentó irregularidades graves que ameritaran su invalidez.
Con esta decisión, el máximo tribunal cerró el análisis de las impugnaciones promovidas por actores políticos en contra de la medida aprobada en 2020. Durante la sesión, las ministras y ministros determinaron que el procedimiento seguido en el Congreso cumplió con los requisitos legales, al no existir violaciones con “potencial invalidante”.
Además, consideraron que la eliminación de estos instrumentos financieros estuvo debidamente justificada, ya que los fideicomisos funcionan como mecanismos auxiliares del Ejecutivo para el manejo de recursos públicos.
El fallo también establece que la desaparición de los fondos no implica la cancelación de derechos o apoyos, sino un cambio en la forma en que el Estado cumple con sus obligaciones.
Es decir, los recursos y programas que se financiaban a través de fideicomisos pueden seguir operando mediante asignaciones directas en el presupuesto federal, sin que esto represente una afectación constitucional.
Con esta resolución, la Corte concluye el litigio en torno a la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, una de las decisiones más controvertidas del sexenio pasado.
El dictamen reafirma que corresponde al Poder Legislativo definir la estructura de estos instrumentos, siempre que no se vulneren derechos fundamentales, lo que en este caso no fue acreditado por los promoventes.
