En la Cámara de Diputados se abrió el debate sobre la posible eliminación de las llamadas “pensiones doradas” en empresas productivas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, como parte de una propuesta que busca reducir privilegios y ajustar el gasto público.
Legisladores señalaron que estos esquemas representan una carga significativa para las finanzas nacionales.
La discusión se centra en modificar los sistemas de jubilación que permiten a exfuncionarios recibir montos elevados, en algunos casos superiores a los ingresos de otros servidores públicos en activo.
La iniciativa plantea establecer límites y revisar los criterios bajo los cuales se otorgaron estos beneficios en el pasado.
Diputados afines al proyecto argumentaron que la medida responde a una demanda social de mayor equidad y austeridad en el uso de recursos públicos, además de que permitiría liberar fondos que podrían destinarse a programas sociales o inversión en infraestructura.
También señalaron la necesidad de homologar las condiciones de retiro en el sector público.Por su parte, voces de oposición advirtieron que cualquier modificación deberá respetar los derechos laborales adquiridos por los trabajadores y evitar posibles conflictos legales.
El debate continúa en el Congreso, donde se analizarán los alcances de la reforma y su impacto tanto en las finanzas públicas como en el sistema de pensiones de estas empresas.
