Quien sea que gane las elecciones presidenciales del domingo tendrá que enfrentar no solo a los cárteles de la droga de México, sino también un nuevo tipo de crimen que involucra a barrios enteros que desafían a la policía y al personal militar.

Esto quedó demostrado en la localidad jalisciense de Ciudad Guzmán -un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación- a principios de junio, cuando una multitud de hombres y mujeres rodearon dos camionetas que transportaban marinos armados.

Los habitantes se burlaron de los militares, les arrojaron piedras y botellas de agua y patearon varias veces a un marino mientras dos camaradas lo rescataban.

Presuntamente protestando por la desaparición de un joven, la multitud luego pintó las iniciales del cártel en un vehículo destrozado de la Armada.

Este tipo de delitos ‘socializados’ o ‘masivos’ se están extendiendo en México a medida que comunidades enteras vacían trenes de carga o roban miles de galones de combustible en oleoductos.

Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Colombia y experto en temas de seguridad, dice que esto sucede porque “la lógica” de la gente es que ven a políticos y funcionarios robando desde hace mucho tiempo, y ahora ellos se sienten con el mismo derecho a robar.

En mayo, hombres armados rompieron las cerraduras de dos supermercados en Arcelia, en Guerrero, y permitieron que los vecinos los saquearan. La policía no apareció por horas.

El portavoz de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez, comentó que los dueños de las tiendas rechazaron las demandas de extorsión de una división local del cártel de La Familia y que el saqueo era un castigo por no pagar.

En tanto, diariamente se abren en promedio 42 grifos ilegales en oleoductos -una operación llamada localmente huachicoleo-, y el transporte, almacenamiento y venta del combustible robado suele significar una importante fuente de trabajo en muchas comunidades rurales.

Ante las quejas de los grupos empresarios de que estos delitos atentan contra el empleo y la inversión, la Secretaría de Gobernación los atribuyó al empleo creciente de la población local por las pandillas.

El departamento sostuvo que el fenómeno se debe en gran medida a la diversificación de las organizaciones que comenzaron con el narcotráfico y ahora tienen intereses en el robo de combustibles.

En muchos casos han obligado a los residentes a obstaculizar la acción policial para detener a muchos de los que participan en los robos.

El politólogo Jesús Silva Herzog lo compara con el surgimiento de la piratería en Somalia, donde el gobierno central no controla buena parte del país.

Es el tipo de escenario que se ve en estados fallidos, donde además del crimen organizado existe una población criminal organizada con una amplia base social, detalló Silva.