Fabiola Márquez
A más de un año del incendio ocurrido el 4 de diciembre de 2024, la vida de ocho familias en la unidad habitacional El Llanito cambió para siempre. Lo que inició como una tarde común terminó en tragedia cuando una pipa de gas explotó frente a sus departamentos, provocando daños severos en al menos ocho viviendas y arrebatando la vida de dos personas: una joven de 22 años y una menor de apenas dos.
Desde entonces, el fuego no se ha extinguido del todo. Ya no arde en las estructuras calcinadas, sino en la memoria de quienes sobrevivieron, en la incertidumbre que enfrentan a diario y en un proceso legal que parece no avanzar. Lo que siguió después del siniestro ha sido un largo y desgastante camino marcado por la burocracia, la omisión institucional y la lucha constante por recuperar una vida digna.
Sobrevivir entre paredes improvisadas
En 2026, cinco de las ocho familias continúan viviendo en el salón social “El Llanito”, un espacio que originalmente no estaba diseñado para ser habitado, pero que se convirtió en su único refugio tras perderlo todo. Ahí duermen, cocinan, conviven y resisten.
Las condiciones son precarias. No hay regaderas, por lo que deben bañarse con cubetas de agua. Las tareas básicas, como preparar alimentos o limpiar los sanitarios, se organizan por turnos entre los propios vecinos. La falta de infraestructura obligó a solicitar apoyo incluso para instalar ventanas, ya que el lugar no contaba con protección completa contra el clima, además de requerir pintura y adecuaciones mínimas para hacerlo habitable.
En ese espacio reducido conviven adultos mayores, niños, jóvenes y familias completas que comparten no solo el lugar, sino también la incertidumbre. La pérdida no fue únicamente material: desaparecieron documentos personales, recuerdos familiares y años de esfuerzo que difícilmente podrán recuperarse.
Mientras tanto, las otras tres familias afectadas, que habitaban en calidad de renta, lograron reubicarse por sus propios medios. Sin embargo, para quienes permanecen en el salón comunitario, salir de ahí no ha sido una opción real.
Un proceso legal atrapado en la burocracia
Uno de los mayores obstáculos ha sido el acceso a la justicia. A más de un año del incendio, el proceso legal sigue sin avances significativos. Los afectados denuncian que la falta de dictámenes periciales clave, como estudios de topografía y mecánica de suelo, ha frenado completamente el caso.
Según relatan, las autoridades estatales no cuentan con la capacidad técnica para realizar estos estudios, lo que ha obligado a depender de instancias externas y ha prolongado la espera de manera indefinida. Esta situación ha generado un limbo jurídico en el que no se pueden fincar responsabilidades ni avanzar hacia una reparación del daño.
El problema se agravó desde el inicio. Durante los primeros meses posteriores al incendio, hubo un retraso de más de dos meses en la intervención institucional para integrar el expediente. Esa demora, aseguran, debilitó el caso desde sus bases.
Ante la falta de acompañamiento legal por parte del gobierno, las familias se vieron obligadas a contratar un abogado particular, lo que representó un gasto adicional en medio de una crisis económica profunda.
La empresa involucrada, Gas Real con razón social Extra Gas S.A. de C.V. ha anunciado recientemente que realizará los peritajes correspondientes. No obstante, la tardanza ha generado desconfianza entre las víctimas, quienes perciben esta acción como tardía y posiblemente insuficiente.
Ayuda que llegó… y se fue
Tras la emergencia, las autoridades implementaron apoyos iniciales, principalmente en forma de despensas. Sin embargo, estos fueron disminuyendo gradualmente: primero dos veces por semana, luego una sola entrega, hasta desaparecer por completo hacia finales de 2024.
Los afectados aseguran que los compromisos adquiridos no se cumplieron y que, en múltiples ocasiones, tuvieron que insistir para recibir ayuda. Con el paso del tiempo, el acompañamiento institucional se diluyó, dejándolos prácticamente solos frente a la crisis.
Hoy, la supervivencia depende en gran medida de la organización interna entre las familias, quienes han creado dinámicas comunitarias para enfrentar la falta de recursos.
Omisiones que ponen en riesgo vidas
El abandono institucional no solo ha impactado en lo social y económico, sino también en la seguridad. El edificio siniestrado continúa en pie, pero en condiciones críticas. De acuerdo con testimonios, se encuentra en su última fase de deterioro, representando un riesgo constante de colapso.
A pesar de ello, los vecinos acusan que Protección Civil municipal no ha intervenido de manera efectiva. La Fiscalía del Estado solicitó que el área fuera acordonada con cinta de precaución, pero el riesgo sigue latente.
Actualmente, el inmueble permanece bajo resguardo de Seguridad Ciudadana, aunque sin una solución definitiva sobre su demolición o rehabilitación.
En noviembre de 2025, la situación se tensó aún más cuando Erika Escobar, delegada de la unidad habitacional, solicitó a las familias desalojar el salón comunitario. La petición se realizó sin ofrecer alternativas viables de reubicación.
Por su parte, la presidenta municipal , Blanca Angulo Meneses, propuso que las familias ocuparan departamentos abandonados dentro de la misma unidad. La propuesta fue rechazada debido al temor de enfrentar problemas legales con los propietarios legítimos en su momento entrego despensas y colchonetas que no fueron suficientes .
Además de que protección civil tendría que estar al pendiente de este inmueble al principio de la tragedia fue puntual sin embargo en este momento ya es omiso, a lo que vecinos afectados han pedido que estén constante ante estas revisiones que corren riesgo familias vecinas .
Puertas tocadas, respuestas insuficientes
En su búsqueda de apoyo, las familias han acudido a diversas instancias. La Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, encabezada por Luis Antonio Ramírez Hernández, brindó únicamente ocho camas individuales, un apoyo que consideran mínimo frente a la magnitud de la tragedia.
También solicitaron respaldo a la diputada local Maribel León Cruz , quien según los testimonios señaló que el caso no correspondía a su ámbito de competencia. Asimismo, se acercaron al exdiputado Silvano Garay, sin obtener resultados concretos.
En un intento por escalar su situación, los afectados entregaron un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una de sus visitas. La acción buscaba visibilizar su caso a nivel federal, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
Entre la estigmatización y la resistencia
A la precariedad se suma otro obstáculo: el juicio social. En redes sociales, algunas voces han señalado a las familias como oportunistas, insinuando que buscan beneficiarse de la tragedia.
Sin embargo, la realidad que viven dista mucho de esa percepción. Su día a día está marcado por la carencia, la incertidumbre y el esfuerzo colectivo por salir adelante. No hay comodidad ni privilegios en vivir en un salón comunitario sin condiciones básicas.
A pesar de todo, las familias han optado por mantenerse dentro del marco legal y evitar confrontaciones. No obstante, reconocen que la falta de resultados las ha llevado a cuestionar si una postura más firme o visible habría generado mayor atención por parte de las autoridades.
Una herida abierta
El incendio de El Llanito no solo dejó viviendas destruidas; dejó una herida abierta en la vida de quienes lo perdieron todo. Una herida que se mantiene vigente por la falta de justicia, la ausencia de soluciones y el abandono institucional.
Las familias no piden más de lo justo: exigen que se agilicen los peritajes, que se finquen responsabilidades y que se garantice una compensación que les permita reconstruir su vida.
Quieren dejar atrás el salón comunitario, recuperar su estabilidad y volver a tener un hogar digno. Pero, sobre todo, quieren cerrar un capítulo que, hasta ahora, sigue escribiéndose con la tinta de la indiferencia.
Mientras las autoridades no actúen, el incendio seguirá presente. No en forma de llamas, sino como símbolo de una deuda pendiente con quienes, a más de un año, continúan esperando justicia.
