La descentralización de la mayoría de las secretarías de Estado y dependencias federales, que empezará una vez que Andrés Manuel López Obrador asuma el Poder Ejecutivo, genera un ambiente de incertidumbre y zozobra, según los propios trabajadores de distintas áreas de la administración pública.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay un millón 634 mil 629 servidores públicos del ámbito federal. Las áreas que más trabajadores públicos federales concentran son Seguridad Social, con 33.1 por ciento, y Educación, con 21.4 por ciento.
Testimonios de trabajadores recabados por El Financiero en secretarías como la de Educación Pública, la de Salud y la de Cultura, y en dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Diconsa, el IMSS y Nacional Financiera, dan cuenta de las dudas y angustias por lo que pasará con su entorno familiar o, incluso, temor por el clima de inseguridad y violencia que priva en estados a los que se mudarían.
En la Secretaría de Educación Pública –la primera que se mudaría, a Puebla– trabajan 17 mil servidores públicos tan sólo en la Ciudad de México.
Una de ellas es Gisela Fernández, quien labora ahí desde hace 23 años. Tiene dos hijas, una que acaba de ser aceptada en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y otra en el cuarto semestre de Veterinaria en la misma universidad. “No me puedo ir a trabajar a Puebla y abandonar a mi familia”, dice.
Gisela está en una encrucijada: mudarse a Puebla, lo que implicaría que sus hijas dejaran su lugar en la UNAM y su esposo renunciara a su trabajo, perdiendo su derecho a jubilarse, o ella perder su empleo y dejar atrás 23 años de servicio.
“Es una decisión muy difícil, imagínese dejar solas a mis hijas aquí en la ciudad, porque de plano cuando platiqué con ellas de esta posibilidad de mudarnos me dijeron que ellas no van a dejar nunca su escuela. Mi marido, igual, le falta poquito para jubilarse”.
Dinorah Aguilar, quien lleva 15 años en la Secretaría de Salud, dependencia que se irá a Guerrero, reprocha que en esta decisión han dejado a los trabajadores “en el limbo”.
“Si bien es cierto que en la ciudad no tenemos la seguridad que todo mundo quisiera, tampoco en Guerrero; los niveles de delincuencia y de matanzas que hay allá son terribles”, expresa.
Dinorah platica “nos afectaría de manera terrible. Yo tengo una niña de tres años, pero dependo de una guardería del ISSSTE y también ese es un problema”.
Raúl tiene 38 años, trabaja en la Conagua, que se mudaría a Veracruz. Con un crédito hipotecario que aún sigue pagando en la Ciudad de México, dice que podría considerar la posibilidad de renunciar.
“Si hay buenos incentivos lo consideraría, porque la parte media de la estructura no ha tenido ningún incremento, desconocen las condiciones en las que vivimos y lo más seguro es que se renuncie”.
Explica que hay muchos que consideran ya cambiarse al sector privado por la incertidumbre que provocan los cambios. “Puede haber una fuga de talentos en México por esas decisiones”, dice.
Pablo es ingeniero y también trabaja en la Conagua. Él renunciaría. “No te pueden decir de un momento a otro ‘cámbiate’”, asegura.
Rebeca Núñez, gerente de Área en Diconsa, expresa que “es una pésima decisión. Primero porque será de un costo financiero fatal. Segundo porque, en mi caso, que me tocaría irme a Zacatecas, no hay seguridad en la calidad de vida y no hay certeza de que en las escuelas puedan tener la capacidad de recepción. Y tercero, por las rentas y, en general, por el modus vivendi”.
Ernesto, quien labora en el Seguro Social, dice que “es prácticamente un cambio de vida, pero un cambio que pocos van a tener oportunidad de hacer. Yo estoy pagando mi casa del Infonavit y no voy a tener para pagar una renta en Michoacán, donde dicen que van a trasladar el IMSS, y también lo veo muy difícil porque tendría que sacar a mis hijos de la escuela, uno que va en la primera y el otro en la preparatoria, para irnos para allá”.
Héctor Rodríguez trabaja en Nacional Financiera (que se irá a Torreón) y lleva seis años en el Gobierno federal.
“Mi posición pudiera parecer privilegiada porque no tengo hijos, pero el cambio de vida de mi pareja, que aquí trabaja, no me dejaría tomar la decisión. Preferiría buscar otro trabajo”, cuenta.
“Creo que ahí hay una reflexión: no es tan fácil mover voluntades como si fueran muebles”, apunta Ernesto Miranda, trabajador de la Secretaría de Cultura, que trasladaría sus 25 mil empleados a Tlaxcala.
Con información de Héctor Gutiérrez, Mariana León, Anabel Clemente, Susana Guzmán, Víctor Chávez, Magali Juárez y Rosario Reyes
