Un juez federal describió como “inaceptable” el avance del Gobierno de Estados Unidos en la reunión de niños inmigrantes en el país con sus padres deportados, y ordenó que la administración designe a una persona para hacerse cargo de esa tarea.
“Esta va a ser una misión importante y es claro que tiene que haber una persona a cargo”, aseguró el juez de Distrito Dana Sabraw en una audiencia en San Diego.
Sabraw ordenó en junio que el Gobierno comenzara a reunir con sus padres a unos 2 mil 500 niños que las autoridades habían separado de sus progenitores después de que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.
Las familias fueron separadas como parte de la política gubernamental de “tolerancia cero” que comenzó a inicios de mayo contra la inmigración ilegal. Muchos de ellos habían cruzado de manera ilegal, aunque otros habían buscado asilo.
Desde entonces, alrededor de mil 900 niños han sido reunidos con sus padres o un tutor.
El jueves, el Gobierno propuso que organizaciones sin fines de lucro tomen la iniciativa de localizar hasta unos 500 padres deportados o expulsados de Estados Unidos sin sus hijos.
En la audiencia del viernes, Sabraw afirmó que era “100 por ciento responsabilidad de la administración” reunir a dichas familias. El juez también apuntó que sólo 12 de los 500 padres en cuestión habían sido localizados.
“Eso es simplemente inaceptable en este punto”, dijo. “La realidad es que por cada padre que no es localizado habrá un niño huérfano permanentemente”, sentenció.
El abogado del Gobierno, Scott Stewart, aseguró que la administración ha propuesto un plan con organizaciones sin fines de lucro en un papel prominente porque creía que era la forma más rápida de localizar a los padres.
La mayoría de los padres se encuentran ahora en Guatemala o Honduras, según Lee Gelernt, un abogado de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos que presentó la demanda en nombre de los padres.
El presidente Donald Trump puso fin en junio a las separaciones de las familias después de las fuertes críticas recibidas por la aplicación de esa política.
