• Se llevó a cabo en Tlaxcala la Segunda Reunión Regional Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Isabel Miranda

En el último año, la atención a migrantes en materia jurídica durante su paso por Tlaxcala se ha triplicado, gestionándose en un lapso de dos meses y medio la emisión de siete visas humanitarias para que los beneficiarios puedan mantenerse en territorio mexicano sin ser deportados.

Además, de los indocumentados centroamericanos que han intentado llegar a la frontera norte para cruzar a Estados Unidos, 89 por ciento son hombres; el 5 por ciento son mujeres y un 6 por ciento son jóvenes de 13 a 17 años de edad, todos provenientes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y el Salvador, informó el ombudsman tlaxcalteca, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda.

Así lo dio a conocer durante la Segunda Reunión Regional Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la cual estuvo encabezada por su presidenta, Namiko Matzumoto Benítez y como sede tuvo la ciudad de Tlaxcala, en la que manifestó que las mesas de trabajo que se instalaron tuvieron el objetivo de diseñar un protocolo único de atención a migrantes, a fin de garantizar el respeto a sus garantías individuales.

En el contexto el anfitrión del encuentro, Cid del Prado, indicó que los migrantes son humanos en busca de una mejor calidad de vida y son vulnerables, por eso se deben buscar acciones que fomenten una mentalidad abierta a las diferencias, a los cambios sociales y a la diversidad, pues “ser migrante no es un delito, sino una condición de vida”.

A su vez, Matzumoto Benítez aseveró que el compromiso de los entes públicos de defensa de derechos humanos para promover las condiciones que permitan el pleno disfrute de esas garantías por parte de los sujetos migrantes, con la visibilización y discusión de sus problemas que los hacen estar entre los individuos más vulnerables.

Luego, en entrevista, informó que la Federación que encabeza logró un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) para poder revisar el estado que guardan las estaciones migratorias donde las personas indocumentadas son concentradas antes de ser deportadas y, en general, la principal queja es que no se otorgan debidamente los servicios médicos para quienes así lo necesitan.