Fabiola Márquez
La intervención del Gobierno del Estado de Tlaxcala para contener el conflicto territorial entre Amaxac de Guerrero y Yauhquemehcan no solo evidencia la tensión social en la zona, sino que también deja al descubierto la falta de capacidad del presidente municipal de Amaxac, Mauricio Pozos, para manejar una crisis que ha ido creciendo sin control.
Aunque la administración estatal ha tenido que asumir el papel de mediador para evitar un posible estallido de violencia, la situación pone en entredicho el actuar del gobierno municipal de Amaxac, que no logró contener los ánimos entre la población ni generar canales efectivos de diálogo desde el inicio del conflicto.
Mientras que el alcalde de Yauhquemehcan, David Vega, también ha sido parte del problema al mantener una postura firme sobre el territorio en disputa, es en Amaxac donde más se cuestiona la ausencia de una estrategia clara para evitar la confrontación entre habitantes.
El hecho de que el Gobierno estatal haya tenido que intervenir directamente refleja una omisión preocupante a nivel municipal. La prevención de conflictos y la gobernabilidad local son responsabilidades básicas de cualquier administración, y en este caso, la falta de liderazgo ha permitido que el problema escale a niveles que hoy requieren vigilancia policiaca y mediación externa.
Además, la postura del alcalde de Amaxac, centrada únicamente en defender el territorio sin acompañarla de acciones concretas para calmar a la población, ha contribuido a mantener un ambiente de tensión. No basta con discursos institucionales cuando en el terreno persiste el riesgo de confrontaciones.
La decisión de dejar el conflicto en manos del Congreso del Estado es el cauce legal adecuado, pero llega en un contexto donde el daño social ya está hecho. La desconfianza entre comunidades y la polarización son consecuencias directas de la falta de intervención oportuna a nivel local.
Hoy, más que celebrar la mediación estatal, el episodio obliga a cuestionar la eficacia del gobierno municipal de Amaxac. La ciudadanía no solo espera defensa territorial, sino también capacidad para gobernar, prevenir conflictos y garantizar la paz social sin depender de instancias superiores.
El reto ahora no es solo resolver los límites territoriales, sino reconstruir la confianza entre comunidades y demostrar que las autoridades municipales están a la altura de una responsabilidad que, en este caso, quedó rebasada.
