REDACCIÓN

Estados Unidos anunció el cierre de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, a la que acusó de no haber dado pasos para retomar las negociaciones directas y significativas con Israel, en una decisión considerada por el gobierno de Mahumad Abbas como un “chantaje”.

“La retirada de la bandera palestina de Washington es mucho más que una nueva cachetada de la administración de Donald Trump contra la paz y la justicia, es un vil chantaje, una guerra”, afirmó el secretario general de la OLP, Saeb Erekat.

“Esta acción es un castigo colectivo más y simboliza el ataque de Trump contra el sistema internacional en su totalidad, incluidos la Convención de París, la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos”, añadió en referencia a la retirada de la Casa Blanca de acuerdos y organizaciones internacionales.

Sin embargo, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, justificó la medida al asegurar que la OLP no ha adoptado medidas para avanzar en el comienzo de negociaciones directas y significativas con Israel. “Al contrario, el liderazgo de la OLP ha condenado un plan de paz de Estados Unidos que aún no ha visto, y rechazado involucrarse con el gobierno estadounidense con respecto a los esfuerzos de paz”, dijo.

Además destacó que la clausura es consistente con la preocupación de la administración republicana y el Congreso por los intentos palestinos de que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue a Israel.

“Estados Unidos continúa creyendo que las negociaciones directas entre ambas partes son el único camino hacia adelante. No nos estamos retirando de nuestros esfuerzos de alcanzar una paz duradera e integral”, concluyó Erekat.

La nueva medida de presión de Trump se suma a la declaración de Jerusalén como capital de Israel y al traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a la Ciudad Santa, así como el recorte de los fondos que aporta a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y la cancelación de ayuda humanitaria para mantener hospitales y servicios sociales esenciales.

Husam Zomlot, representante de la OLP ante Washington -que fue llamado a consultas a Ramala en mayo pasado después de que Palestina solicitara a la CPI que investigue posibles “crímenes de guerra” israelíes y aún no ha regresado-, acusó a la Casa Blanca de tratar de “intimidar”. Los palestinos, aseguró, no se intimidarán ahora y tomarán “todas las acciones posibles para avanzar y garantizar el proceso (contra Israel) en la CPI”.

Israel argumenta que la Corte Internacional, la cual investiga y castiga crímenes de lesa humanidad, no tiene competencia en el conflicto ya que carece de jurisdicción sobre el Estado Hebreo, que no es un firmante, y porque Palestina no es un Estado.