Fabiola Márquez
A más de un año y medio de haber llegado al Congreso del Estado de Tlaxcala y asumir la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales, la diputada Sandra Aguilar Vega continúa enfrentando uno de los problemas más complejos y rezagados de la entidad los conflictos de límites territoriales entre municipios.
Sin embargo, pese a los constantes anuncios de mesas de trabajo, recorridos técnicos y reuniones con alcaldes, la realidad es que gran parte de las disputas siguen sin resolverse.
La problemática territorial en Tlaxcala no es menor. Actualmente existen al menos 28 expedientes activos relacionados con conflictos limítrofes entre municipios, una cifra que refleja el tamaño del rezago institucional en esta materia. En términos prácticos, casi la mitad de los 60 municipios del estado enfrenta algún tipo de disputa territorial que afecta desde servicios públicos hasta recaudación y gobernabilidad.
Desde que inició la actual Legislatura, Sandra Aguilar ha encabezado diversos encuentros con autoridades municipales, representantes del INEGI y áreas técnicas del Congreso para intentar avanzar en la delimitación territorial. Municipios como Contla y Chiautempan, Santa Cruz Tlaxcala y Cuaxomulco, Amaxac y Santa Cruz, Teolocholco y Tetlanohcan, así como Tepeyanco y Xiloxoxtla, forman parte de los casos que permanecen en análisis.
No obstante, las críticas hacia el trabajo de la diputada comienzan a crecer debido a la falta de resultados definitivos. Aunque constantemente se anuncian “avances históricos” o “acuerdos importantes”, la mayoría de los expedientes continúan abiertos y atrapados en procesos técnicos y administrativos que parecen no tener fin.
En muchos casos, las reuniones terminan únicamente en minutas de trabajo, recorridos de reconocimiento territorial o acuerdos preliminares que todavía requieren validaciones legales y consenso político entre municipios. Es decir, el problema sigue sin resolverse de fondo.
A esto se suma que varios de estos conflictos llevan décadas arrastrándose entre administraciones municipales y legislaturas estatales, sin que exista una solución clara y definitiva. Y aunque Sandra Aguilar insiste en que existe voluntad política para resolverlos, hasta ahora el avance tangible sigue siendo limitado.
Incluso la propia legisladora ha reconocido públicamente que algunos conflictos territoriales se complican por temas sociales y culturales, ya que existen comunidades que no quieren pertenecer a ciertos municipios. Sin embargo, para algunos actores políticos este argumento también ha servido para justificar la lentitud en los resultados.
Mientras tanto, las afectaciones continúan para miles de ciudadanos. Hay comunidades donde todavía existe incertidumbre sobre qué municipio debe brindar servicios públicos, cobrar impuestos o ejecutar obra pública. En algunos casos, las familias desconocen incluso a qué municipio pertenecen oficialmente.
El problema territorial no solamente representa un tema geográfico. También implica recursos económicos, control político y representación administrativa. Por ello, la falta de definiciones claras termina provocando conflictos entre ayuntamientos y afectaciones directas para la población.
Aunque la diputada Sandra Aguilar ha mantenido presencia constante en reuniones institucionales y ha buscado posicionarse como una figura conciliadora, sectores críticos consideran que la Comisión de Asuntos Municipales ha privilegiado más la mediación política y la imagen pública que las resoluciones concretas.
Además, varios de los expedientes que actualmente presume la comisión ya venían siendo trabajados desde legislaturas anteriores, por lo que algunos señalan que no necesariamente se trata de nuevos logros legislativos.
Uno de los casos más mencionados recientemente es el conflicto entre Teolocholco y Tetlanohcan, donde se anunciaron avances en la delimitación territorial; sin embargo, el proceso aún no concluye totalmente y sigue dependiendo de acuerdos técnicos y jurídicos.
Lo mismo ocurre con otras disputas municipales que permanecen en análisis sin fechas claras de resolución. La ausencia de plazos concretos y mecanismos ágiles mantiene la percepción de que el Congreso avanza lentamente frente a un problema que exige soluciones inmediatas.
Otro de los cuestionamientos hacia Sandra Aguilar es la falta de reformas estructurales que permitan acelerar los procesos de delimitación territorial. Hasta ahora, no existe una estrategia integral visible que permita resolver de manera eficiente los 28 conflictos reconocidos oficialmente.
En el discurso legislativo se habla de diálogo, consenso y gobernabilidad; sin embargo, en los hechos, Tlaxcala continúa siendo un estado donde los problemas territoriales permanecen como una deuda histórica sin resolver.
Y es que resolver conflictos limítrofes no solamente implica organizar reuniones o encabezar mesas técnicas. También implica emitir resoluciones firmes, dar certeza jurídica a los municipios y evitar futuros conflictos sociales y administrativos.
Después de más de un año y medio de trabajo legislativo, Sandra Aguilar todavía enfrenta el reto de demostrar que la Comisión de Asuntos Municipales puede ofrecer resultados concretos y no solamente procesos interminables.
Porque mientras los expedientes sigan abiertos, los conflictos continúen sin solución y los municipios mantengan disputas territoriales activas, las críticas hacia el trabajo de la comisión seguirán creciendo.
En Tlaxcala, los límites municipales continúan siendo un problema vigente. Y hasta ahora, para muchos ciudadanos, las soluciones prometidas desde el Congreso todavía no llegan.
