Aprueban reforma para garantizar participación electoral “real” a grupos vulnerables

Aldo Romero

Por unanimidad, las y los integrantes de la 65 Legislatura aprobaron la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que pretende garantizar que las acciones afirmativas no se queden solo en acuerdos políticos y sean verdaderamente actos de inclusión real.

La reforma busca que se respeten «plenamente» los derechos político-electorales de las personas que se encuentren en una condición de vulnerabilidad y de discriminación histórica, social, política o cultural, derivada de razones de género; preferencias sexuales o religiosas, edad; o de sus circunstancias físico-motrices o de inteligencia diferenciada, y que, en consecuencia, sean expuestas o exhibidas públicamente a la estigmatización, la denigración, la degradación, el acoso, la intimidación, el uso de estereotipos y la exclusión intencional de las oportunidades propias de la ciudadanía.

La promovente, Aurora Villeda Temoltzin, recordó que el 3 de abril de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su Sala Regional, tomó la decisión de garantizar la participación real de grupos históricamente excluido; en dicha sentencia, ordenó al Congreso de Tlaxcala que implementará acciones afirmativas, es decir, medidas concretas para abrir espacios y reducir desigualdades que por años han limitado el acceso de muchas personas a la vida pública.

Villeda Temoltzin, expuso que la reforma no se trata de una simple modificación legislativa, sino de una proyección práctica tendiente a reforzar y evitar la exclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

La presente iniciativa consigna la intención de sentar las bases para que el ejercicio de los derechos político-electorales trascienda el plano puramente teórico, delineando parámetros que satisfacen la deuda histórica frente a quienes han sido merecedores de una función protectora clara y actualizada.

No se trata de una simple modificación legislativa, sino de una proyección práctica tendiente a reforzar y evitar la exclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, mencionó que la legislación sentará las bases para que el ejercicio de los derechos político-electorales trascienda del plano teórico, delineando parámetros que satisfacen la deuda histórica frente a quienes han sido merecedores de una función protectora clara y actualizada.