REDACCIÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, pues no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, y debilita la institucionalidad civil y democrática.

De acuerdo con el Pronunciamiento ante la eventual aprobación de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional y prisión preventiva oficiosa, el pleno del Consejo Consultivo del organismo indicó que con su creación, se contravienen sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir.

Ello, al regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o poner la misma a cargo de cuerpo de franca naturaleza y carácter castrense.

Ante ello, exhortó al Congreso de la Unión a privilegiar el respeto y protección de los derechos humanos, en lugar de priorizar soluciones parciales y de carácter reactivo sustentadas en el uso de la fuerza o la restricción de derechos, en las modificaciones constitucionales planteadas en la creación de la Guardia Nacional, así como en la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Por ello, planteó la necesidad de establecer una ruta dual que permita a las Fuerzas Armadas continuar realizando labores de seguridad pública de manera excepcional y temporal, a la vez que se fortalezcan las capacidades técnicas, operativas, legales y estructurales de las policías e instituciones civiles en los diversos órdenes de gobierno.

El Consejo Consultivo de la CNDH lamentó el nuevo papel que, como consecuencia del replanteamiento de la Guardia Nacional, se pretende dar a las Fuerzas Armadas, al asignarles tareas de obra pública, adquisiciones y funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas, con lo cual incrementan su presencia en labores reservadas a las instituciones civiles y, sobre todo, su poder político y económico.

En cuanto a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, consideró que las modificaciones planteadas al artículo 19 de la Constitución van en contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal en detrimento de los derechos fundamentales de las personas y del diseño normativo que aún está en proceso de implementación.

Más que ampliar ese catálogo de delitos, se debe fortalecer a las 33 fiscalías generales de justicia, mediante el ejercicio de una autonomía plena y efectiva y a través de la capacitación y formación de los operadores del sistema en todos sus niveles jerárquicos y de responsabilidades.

De igual manera, conviene hacer más eficiente el uso de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva actualmente consideradas en la legislación nacional.

El Consejo Consultivo de la CNDH reiteró su llamado al Congreso de la Unión para que se apeguen a lo establecido en el artículo primero de la Constitución General y en los distintos tratados y convenciones de los que México forma parte.