Trabajadores del PJF en Tlaxcala exigen claridad ante despidos injustificados

Aldo Romero Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Tlaxcala, expresaron su enérgica condena por la decisión de separar de sus funciones a quienes se han desempeñado en los cargos de servicios sociales en la Defensoría Pública Federal. Lo anterior luego de que se diera de baja a 43 trabajadoras sociales adscritas al Instituto Federal de Defensoría Pública. Los despidos fueron notificados el pasado 30 de junio por el Órgano de Administración Judicial, instancia creada tras la reforma al Poder Judicial. Aunque tras la presión mediática por parte del Sindicato Nacional de Renovación de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se logró la reinstalación de 18 de las 43 trabajadoras dadas de baja, personal de los juzgados exige un alto a decisiones arbitrarias y la reinstalación de las profesionistas faltantes. Señalaron que, quienes integran una institución encargada de proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia tienen el deber de ser los primeros en respetar los derechos laborales de su propio personal. En el caso de Tlaxcala, la profesional Raquel Nava Orobio, fue una de las trabajadoras sociales cesadas de sus funciones, y hasta el momento no se ha logrado su reinstalación. En ese sentido, los trabajadores del PJF Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Tlaxcala hicieron un llamado a que dichas determinaciones sean revisadas con apego a la legalidad, privilegiando la justicia, la certeza jurídica y el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras.