REDACCIÓN
En la negociación de las leyes reglamentarias de las Guardia Nacional, los derechos laborales y los ascensos, así como los derechos adquiridos de los miembros de las Fuerzas Armadas que se incorporen a la Guardia Nacional, están garantizados, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.
“Se mantendrán para todos aquellos elementos militares que ingresarán a la Guardia y que estarán en los primeros cinco años de funcionamiento de esta institución. Todos esos derechos estarán a salvo. De eso no hay ninguna discusión”, sostuvo.
De acuerdo con el líder de la bancada mayoritaria de Morena, las negociaciones de dichas leyes con las fracciones de oposición continuarán este lunes, con el objetivo de que sean aprobadas el martes en el pleno de la Cámara alta.
Destacó que los temas que aún se discuten son las licencias y el mando civil: “Confiamos en la disciplina castrense, y que la formación de militares y marinos pueda dar resultados inmediatos en la Guardia Nacional, pero insisto el mando será civil, no castrense”.
El político zacatecano reconoció que en el proceso de elaboración de la Ley sobre el Uso de la Fuerza, la Ley sobre el Registro de Detenidos y la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, así como las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas han actuado con respeto hacia el Poder Legislativo.
“Los representantes del Ejército y la Marina han actuado con sensatez, cuidado y respeto. Simplemente hemos tenido opiniones correctas en el diseño y construcción de estas leyes fundamentales. Frente a lo que pensarían muchos, de que hay resistencia de las Fuerzas Armadas, he visto en ellas una actitud prudente y muy respetuosa”, apuntó.
Ante la crisis de inseguridad y violencia, el legislador consideró que estas normas deben ser aprobadas en consenso y, de ser posible, por unanimidad, ya que es necesario que tengan una gran legitimidad.
Monreal expresó su confianza en que las cuatro leyes reglamentarias serán avaladas antes del 25 de junio, que es la “fecha fatal” para su aprobación.
