Lizeth Cuahutle
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala enfrenta un panorama financiero complicado al mantener retenido el 50% de sus prerrogativas por multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras arrastra laudos laborales con más de una década de antigüedad que aún no logra liquidar.
La dirigencia estatal, encabezada por Enrique Padilla Sánchez, reconoció que la reducción del financiamiento ha afectado la operación del partido y el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
Entre ellas se encuentran cuatro laudos, dos de los cuales ya cuentan con resolución definitiva y permanecen pendientes de pago.Más allá de las sanciones económicas, el caso evidencia problemas financieros que el PRI ha acumulado durante varios años.
El propio dirigente admitió que el Comité Directivo Estatal incluso ha enfrentado embargos por incumplimientos derivados de esos conflictos laborales, situación que refleja que las obligaciones con extrabajadores no han sido resueltas pese al tiempo transcurrido.
Ante este escenario, el PRI solicitó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) suspender temporalmente la retención de prerrogativas; sin embargo, la autoridad electoral rechazó la petición al tratarse de multas firmes impuestas por el INE correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024.
Pese a ello, la dirigencia anunció que continuará promoviendo amparos y otros recursos legales para intentar recuperar parte del financiamiento público retenido no obstante, el planteamiento abre el debate sobre si la prioridad debe ser liberar recursos para el partido o asumir las consecuencias de sanciones que ya fueron determinadas por la autoridad electoral y cumplir con obligaciones laborales que permanecen pendientes desde hace más de diez años.
Actualmente, el PRI recibe únicamente la mitad del financiamiento público ordinario al que tiene derecho, ya que la legislación permite retener hasta el 50% de las prerrogativas para cubrir multas electorales debido a que ese límite ya fue alcanzado, el Consejo General del ITE decidió diferir la aplicación de nuevas sanciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025 hasta que exista margen legal para hacerlas efectivas.
La situación coloca nuevamente bajo escrutinio el manejo administrativo y financiero del partido en Tlaxcala, pues además de las sanciones electorales, persisten adeudos laborales que continúan generando consecuencias legales para el instituto político.
Este enfoque cuestiona la administración del partido y la postura de su dirigente, pero lo hace sobre la base de hechos que el propio PRI reconoció, evitando afirmaciones no sustentadas.
