Lizeth Cuahutle
El Ayuntamiento de Huamantla fijó su postura luego de que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado emitiera un dictamen sobre la Cuenta Pública 2025, al asegurar que ejercerá los recursos legales necesarios para acreditar el correcto uso de los recursos públicos y responder a las observaciones formuladas.
A través de un comunicado, la administración municipal sostuvo que atenderá el procedimiento con «responsabilidad institucional» y presentará la información técnica y documental que, afirma, respalda el gasto realizado durante el ejercicio fiscal 2025.
El gobierno encabezado por Salvador Santos Cedillo señaló que el dictamen emitido por la comisión legislativa no representa una resolución definitiva, ya que las observaciones aún deberán seguir el procedimiento previsto en la legislación vigente y podrán ser solventadas o impugnadas por las vías correspondientes.
En ese sentido, adelantó que, además de aportar la documentación requerida, hará valer los medios de defensa que considere procedentes, incluso respecto al alcance de las facultades de fiscalización ejercidas por las autoridades competentes.
La postura del Ayuntamiento surge luego de que la Comisión de Finanzas y Fiscalización aprobara el dictamen de la Cuenta Pública 2025, documento que aún deberá ser sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado para definir su resolución.Aunque el gobierno municipal aseguró tener confianza en que el proceso se resolverá con apego a la legalidad, la revisión de la Cuenta Pública mantiene bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos, uno de los principales mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de los entes fiscalizables.
Mientras el procedimiento continúa, el Ayuntamiento afirmó que mantendrá la operación de los servicios públicos, las acciones en materia de seguridad, la ejecución de obra pública y los programas municipales, al tiempo que insistió en que la transparencia y la rendición de cuentas seguirán siendo ejes de su administración.
El caso permanecerá abierto hasta que las instancias correspondientes concluyan el proceso de fiscalización y determinen, en su caso, si las observaciones fueron solventadas o derivan en responsabilidades administrativas o de otra índole.
