Lizeth Cuahutle
Integrantes del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla y del comité encargado de investigar el proyecto CECI en el Campo Número 5 de Santa Cruz Guadalupe informaron que promovieron un juicio de amparo contra actos que consideran arbitrarios por parte de diversas autoridades estatales, municipales y federales.
De acuerdo con los promoventes, el recurso legal fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito, por lo que solicitaron a la jueza Karina Juárez Benavides otorgar la suspensión definitiva de la obra proyectada en terrenos que, aseguran, corresponden a espacios deportivos comunales.
Entre las autoridades señaladas en el amparo se encuentran la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Estela Angulo Meneses, así como autoridades de la Secretaría de Gobernación federal y su representación en Tlaxcala.
Los comités sostienen que uno de los principales motivos de la controversia es la presunta falta de una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada para las comunidades indígenas involucradas.
Señalaron que previamente entregaron al IMSS sus propios lineamientos para desarrollar el proceso de consulta; sin embargo, afirman que estos no fueron considerados.También cuestionaron las asambleas realizadas el 12 de junio en Santa Cruz Guadalupe y el 14 de junio en Guadalupe Ixcotla pues, según su versión, durante ambas reuniones se habría buscado realizar una votación rápida y sin suficiente discusión.
En el caso de Guadalupe Ixcotla, además, denunciaron que la reunión se llevó a cabo en la vía pública y no en el auditorio comunitario, espacio que consideran el adecuado para las reuniones de su máxima autoridad comunitaria.
Los integrantes de los comités también acusaron la presunta participación de personas ajenas a las comunidades durante las votaciones, entre ellas policías municipales y funcionarios del ayuntamiento.
Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados por los promoventes y deberán ser valoradas dentro del procedimiento judicial.
Otro de los puntos planteados en el amparo está relacionado con el derecho a un medio ambiente sano los inconformes señalaron que la Unidad Deportiva Guadalupe Ixcotla se encuentra en la zona de la Barranca Briones, dentro de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, por lo que consideran que cualquier intervención debe tomar en cuenta posibles impactos ambientales.
Los comités aseguran además que la unidad deportiva constituye el principal espacio para la práctica deportiva y recreativa de habitantes de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe, además de recibir a personas de otras comunidades y municipios.
Asimismo, sostuvieron que los terrenos que conforman la unidad deportiva son terrenos deportivos comunales y rechazaron que el IMSS sea propietario de los mismos. Indicaron que la documentación que, según ellos, acredita esta situación ya fue presentada ante el juzgado.
Los promoventes pidieron que el caso sea analizado bajo una perspectiva intercultural, considerando los derechos de las comunidades nahuas y las disposiciones constitucionales relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas.
Finalmente, denunciaron lo que calificaron como actos de criminalización y presión contra sus autoridades comunitarias, integrantes de los comités y su asesora, y reiteraron su solicitud para que se conceda la suspensión definitiva de la obra mientras se resuelve el juicio de amparo.
