Por daño a su salud y violencia institucional, síndica de Santa Cruz Tlaxcala pide al Congreso declarar ausencia definitiva

​La crisis política y administrativa en el Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala escaló formalmente al Poder Legislativo. La síndica municipal en funciones, Petra Ramírez Meneses, presentó ante el Congreso del Estado una solicitud formal de separación por imposibilidad material y física de continuar en el cargo por causa justificada, al denunciar un cuadro grave de afectación psicoemocional derivado de presuntos actos continuos de acoso institucional y violencia política.​El trámite ante los diputados locales se dio luego de que el pasado 7 de septiembre notificara al Cabildo, mediante el oficio ASCT/056/2026, su determinación de apartarse. En su escrito, Ramírez Meneses argumenta que el trato hostil y discriminatorio vivido dentro de la administración que encabeza el alcalde Omar Maldonado Tetlalmatzi generó un impacto irreversible en su salud e integridad, impidiéndole ejercer sus facultades de forma armónica y continua.​A diferencia de una inconformidad de índole meramente discursiva, el documento entregado al Legislativo precisa que los hechos están sustentados en instrumentos técnico-jurídicos emitidos por instancias públicas. Entre ellos, dictámenes psicológicos y de trabajo social elaborados por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), valoraciones e informes especializados de la Secretaría de las Mujeres del Estado, así como dictámenes periciales integrados en carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).​El caso pone además en una encrucijada legal a la administración municipal. Al haber asumido como síndica suplente en funciones de propietaria, su separación configuraría una ausencia definitiva sin que exista otra persona suplente en la fórmula electa.​Por esta razón, la funcionaria fundamentó su petición en el artículo 25, primer párrafo, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, precepto que faculta de manera directa al Congreso del Estado a realizar la designación de la persona que deberá concluir el periodo constitucional al frente de la Sindicatura, responsable de la representación legal y la vigilancia del patrimonio municipal.​Con este paso legal, la problemática deja de ser un diferendo interno de Cabildo y sitúa la actuación del gobierno de Omar Maldonado Tetlalmatzi bajo la lupa de las autoridades estatales, mientras el Poder Legislativo analiza calificar la causa justificada y resolver el vacío jurídico en el municipio.