El Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi enfrenta más de 50 procedimientos laborales que, de acuerdo con la administración municipal, podrían representar un costo cercano a los 30 millones de pesos el problema volvió a evidenciarse con la entrega de más de 2.5 millones de pesos a un extrabajador, mediante un expediente iniciado en 2009.
La administración municipal sostiene que el dinero embargado tenía origen federal y estaba destinado a la compra de un predio para el Centro Educativo de Bachillerato Estatal de Xaltipan, además de la ejecución de dos calles por ello, el pago no solo representa una salida de recursos, sino también la modificación de obras que ya estaban contempladas en el presupuesto.
El caso se remonta a un despido ocurrido en 2008 el laudo fue emitido en 2014 y tras varios años de procedimientos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordenó continuar con la ejecución hasta concretar la retención de los recursos el Ayuntamiento afirma que presentó documentos para solicitar que la cuenta fuera excluida del embargo, pero su petición fue declarada improcedente el pasado 13 de agosto.
El Ayuntamiento fue notificado de la resolución, al considerar que esto pudo limitar su posibilidad de impugnarla no obstante, será responsabilidad de las autoridades competentes determinar si existió alguna irregularidad en el procedimiento hasta ahora, se trata de señalamientos de la administración municipal.
El problema tampoco comenzó con este expediente en junio pasado, el gobierno de Contla informó que mantenía una defensa jurídica para evitar el remate de su Mercado de Artesanías, inmueble embargado desde 2019 por otro laudo laboral en ese momento, la alcaldesa señaló que el municipio acumulaba alrededor de 60 procedimientos, algunos con montos que aumentaron por salarios caídos y actualizaciones.
Más allá de la disputa entre el Ayuntamiento y el Tribunal, el caso exhibe el costo de dejar que los conflictos laborales se prolonguen durante años mientras las administraciones responsabilizan a gobiernos anteriores, las obligaciones terminan presionando el presupuesto vigente y pueden afectar obras, mantenimiento y servicios destinados a la población.
