Asociaciones civiles, ambientalistas y activistas se pronunciaron en contra de los resultados del segundo informe de gobierno del sector ambiental titulado “Política ecológica y ambiental humanista” presentados en la mañanera del 30 de septiembre por Alicia Bárcena, titular de Semarnat, y Efraín Morales, director de Conagua
Las organizaciones, entre las que se encuentra comunidades y organizaciones de base comunitaria en la Cuenca del Alto Atoyac (CAA), señalaron que las acciones presentadas, además de «performativas y onerosas», van en sentido contrario de los principios humanistas que se presumen en el informe.
Mencionaron que, lejos de conducir hacia una verdadera justicia socioambiental que cambie el paradigma neoliberal del manejo de los recursos naturales, la relación con las comunidades y los territorios, sus acciones profundizan los agravios de las hoy reconocidas como Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental, así como la violación a sus derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y su saneamiento, a la información y a la justicia.
Asimismo, señalaron que la inversión gubernamental no es suficiente cuando no se atienden las causas de fondo que han producido la devastación socioambiental. Lo anterior luego de que en el informe se presumiera una «inversión histórica” para el sector ambiental con presupuestos de más de 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, así como más de 80 mil mdp en 17 proyectos estratégicos
En ese sentido, advirtieron que la crisis no se solucionará con costosas Plantas de Tratamiento pues consideraron pertinente la inclusión de las comunidades, organizaciones de base comunitaria y academia para participar en el diseño, evaluación y seguimiento de un “plan de saneamiento integral” que incluya un plan de salud que prevenga y atienda a la población enferma por la contaminación
Por otra parte criticaron que la Semarnat apueste por una supuesta calidad de vida cuando en los hechos son incongruentes con sus estrategias, dado que han expuesto a las personas que participan en las jornadas de limpieza de ríos y mares a sustancias tóxicas, lo que representa un riesgo sanitario.
De igual forma, cuestionaron la propuesta de la titular de la Semarnat para implementar un «pago por servicios ambientales” para mitigar el cambio climático, pues lo interpretaron como una transacción de dinero por los recursos naturales.
Señalaron que las comunidades de la Cuenca del Alto Atoyac han sido históricamente afectadas ambientalmente porque se ha subordinado su bien común a los intereses corporativos que se enriquecen con la explotación de su fuerza de trabajo y de los recursos naturales de sus territorios
«Por eso tenemos más de 30 años afirmando que no hay justicia social sin justicia ambiental, una exigencia que para nosotras no es nueva y, aunque hoy es la consigna de la política ambiental del actual gobierno, nuevamente nos excluye, no ataja las causas de fondo de la crisis socioambiental y se autojustifica por el millonario monto presupuestario del que goza», expresaron.
Consideraron que, para la existencia de una verdadera justicia socioambiental, deben atenderse sus exigencias para disminuir y eliminar la presencia de tóxicos industriales en aire, agua y suelos; detener la remoción y movimiento tanto de sedimentos como de vegetación en ríos, arroyos y lagos sin la realización de estudios.
Asimismo, pidieron que se garantice la atención a la salud de las personas que han sido afectadas por las condiciones ambientales persistentes e incluir a las comunidades en el análisis y toma de decisiones en la ejecución de proyectos, respetando la voluntad de las comunidades.
