Una mujer que pidió mantener su identidad en el anonimato acusa a un notario público de Huamantla por el presunto delito de abuso sexual y, además, lanza un cuestionamiento directo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala: ¿qué ocurrió con la denuncia que presentó desde 2024 y por qué, asegura, su caso terminó prácticamente detenido?
La mujer, quien trabajó en la Notaría Pública número 3 de Huamantla, sostiene que denunció los hechos ante el Ministerio Público, pero desde entonces, afirma, enfrentó presuntas omisiones de las agentes que tuvieron a su cargo la carpeta. El señalamiento más delicado es que, según su testimonio, una agente ministerial habría entregado al hombre que acusa una copia de su propia denuncia.
La denunciante asegura que esta situación le generó temor por su seguridad y que posteriormente recibió presuntas amenazas. También afirma que durante meses no recibió acompañamiento jurídico, tuvo dificultades para consultar su carpeta y enfrentó, según su versión, un trato que considera hostil y revictimizante cada vez que buscaba información sobre el avance de su caso.
Después de meses de espera, relata que una agente del Ministerio Público le habría informado que “no había delito que perseguir”. La mujer cuestionó esa determinación y solicitó que su caso fuera revisado, pues considera que sus derechos como víctima fueron vulnerados y que la investigación no respondió a la gravedad de su denuncia.
Aquí aparece el cuestionamiento para la fiscal Ernestina Carro Roldán: si una mujer acudió ante la autoridad a denunciar un posible delito sexual, ¿qué ocurrió durante estos dos años con esa carpeta?, ¿qué diligencias se realizaron?, ¿por qué se determinó que no había delito que perseguir? y, particularmente, ¿se investigó la acusación de que una agente habría entregado una copia de la denuncia al señalado?
Porque si la Fiscalía tiene entre sus responsabilidades garantizar una atención pronta, eficiente, con perspectiva de género y respeto a los derechos de las víctimas, el relato de esta mujer obliga a revisar si esos principios realmente se cumplieron en su caso. No basta con abrir una carpeta si después la denunciante afirma que tuvo que perseguir respuestas, pedir asesoría y exigir que alguien revisara su expediente.
La acusación contra el notario es un señalamiento de la denunciante y no ha sido acreditada judicialmente; corresponde a las autoridades investigar y garantizar el debido proceso. Pero las presuntas irregularidades que atribuye al personal ministerial también merecen una respuesta: ¿Ernestina Carro Roldán ordenará revisar la carpeta, determinará qué ocurrió y esclarecerá si una servidora pública entregó información de una denunciante a la persona señalada? Esa es la parte que ahora corresponde responder a la Fiscalía.
