A casi un año de que inició la reposición del juicio oral por el feminicidio de Estefani, su familia denunció que el procedimiento se ha prolongado hasta convertirse, desde su perspectiva, en un proceso revictimizante y que ha dificultado su derecho de acceso a la justicia.
A través de un posicionamiento público, la familia recordó que desde octubre de 2025 informó que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Tlaxcala, ordenó reponer el juicio oral, derivado del amparo concedido al hombre acusado por el feminicidio de Estefani.
Los familiares señalaron que en todo momento han respetado el debido proceso y los derechos constitucionales y legales del acusado, incluido su derecho a una defensa adecuada. Sin embargo, cuestionaron que durante la reposición se hayan presentado actuaciones que, a su consideración, han contribuido a prolongar innecesariamente la conclusión del procedimiento.
De acuerdo con la familia, hasta ahora se han celebrado 48 audiencias y están a pocas semanas de cumplirse un año desde el inicio de esta nueva etapa judicial. Expusieron que este proceso ha implicado nuevamente costos económicos, emocionales y familiares, además del desgaste acumulado tras años de espera por justicia.
La familia sostuvo que la reposición del juicio, desde su perspectiva, no solo representa una carga procesal, sino una nueva forma de revictimización, particularmente porque consideran que la decisión judicial que originó esta etapa derivó de una violación de carácter procesal y no de un análisis del contexto de violencia en el que ocurrieron los hechos.
Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que, además de garantizar los derechos del acusado, valoren las actuaciones procesales que se han presentado durante esta reposición y salvaguarden de manera efectiva los derechos que corresponden a las víctimas indirectas, bajo una perspectiva de género.
Asimismo, solicitaron al Estado cumplir con su deber de protección y revisar posibles prácticas que, aun cuando formen parte de actuaciones de terceros dentro del proceso, puedan generar discriminación o agravar la revictimización de las mujeres y sus familias. También plantearon que estos impactos sean considerados dentro de la reparación integral del daño.
La familia aclaró que su postura no busca desconocer el derecho de defensa ni las garantías del debido proceso, sino que estos sean ejercidos dentro de los límites establecidos por la ley y sin que ello implique dilaciones injustificadas en un proceso que, afirman, ya les ha generado un profundo desgaste.
“Como familia de Estefani, no pedimos privilegios ni un trato distinto ante la ley”, señalaron, al reiterar que su exigencia es que se respeten sus derechos como víctimas indirectas y que el proceso pueda concluir sin nuevas dilaciones injustificadas.
