El coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, rechazó las acusaciones difundidas durante la última semana en contra de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y su familia, al sostener que detrás de estas publicaciones existe “politiquería” utilizada para difamar a una familia trabajadora.
Martínez Velázquez dejó claro que “no hay favoritismos” y explicó que el origen del señalamiento se encuentra en un préstamo solicitado en 2014 por el padre de Josefina Rodríguez Zamora ante el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX), por un monto de 500 mil pesos.
Tras alrededor de una década de moratoria, el incumplimiento derivó en un proceso judicial mercantil, como ocurriría con cualquier otro deudor, según explicó el funcionario. Sostuvo que precisamente la existencia de este procedimiento demuestra que no se ha otorgado un trato preferencial por tratarse de un familiar de una funcionaria.
El asunto, además, continúa en los tribunales, tanto mediante un amparo promovido por Flax como dentro del propio juicio mercantil. Una instancia ya fue superada y ahora deberán agotarse las etapas legales correspondientes hasta llegar a la última instancia que determine el Poder Judicial.
En este sentido, el coordinador de Comunicación cuestionó que el caso sea utilizado con fines políticos y lamentó que algunos espacios digitales recurran a este tipo de información para intentar desacreditar a la familia de la secretaria de Turismo.
La postura oficial fue tajante: “Es lamentable que medios difundan politiquería para difamar a una familia trabajadora”, afirmó Martínez Velázquez, al tiempo que insistió en que será la autoridad judicial la que determine el desenlace del expediente y no las publicaciones o señalamientos hechos desde plataformas digitales.
El funcionario sostuvo que, si realmente existiera favoritismo, el caso no habría avanzado por la vía judicial ni se permitiría que continuara hasta las últimas consecuencias legales. Por ello, llamó a dejar que sean los tribunales quienes determinen si existe alguna responsabilidad y cuál deberá ser el desenlace del proceso.
