El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, negó que una activista haya sido privada de su libertad durante el incidente registrado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala y sostuvo que el personal actuó conforme a los protocolos establecidos para el ingreso al inmueble.
De acuerdo con la versión oficial, durante la revisión de acceso, el personal de aduana informó a la mujer que las prendas de vestir y el calzado que portaba no cumplían con las disposiciones establecidas para visitantes y personas autorizadas, por lo que se le indicó que no podía ingresar bajo esas condiciones.
La activista habría salido del lugar para cambiarse de ropa y posteriormente regresó al área de aduana. Según el reporte del personal penitenciario, en ese momento comenzó a realizar grabaciones con un teléfono celular y, de acuerdo con la autoridad, tampoco presentó el oficio de designación requerido para acreditar su ingreso.
Martínez Velázquez señaló que el personal le informó que, por razones de seguridad, está prohibido utilizar teléfonos celulares en las áreas de control y acceso del centro penitenciario, por lo que se le solicitó suspender la grabación. Ante lo que el personal consideró una alteración del orden, se le pidió retirarse y se le advirtió que, de continuar, podría ser puesta a disposición de un juez calificador.
El funcionario enfatizó que en ningún momento la activista fue privada de su libertad y explicó que las puertas y rejas del Cereso permanecen cerradas como parte de los protocolos de seguridad, mediante un sistema de apertura y cierre sucesivo para permitir el ingreso y salida de las personas.
Aunque ofreció una disculpa a la activista en caso de que se hubiera sentido vulnerada, Martínez Velázquez defendió la actuación del personal penitenciario y señaló que las disposiciones deben cumplirse. También respaldó el trabajo del director de los centros penitenciarios, al considerar que las medidas implementadas buscan poner orden en prácticas que anteriormente pudieron haberse normalizado.
El caso ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre el funcionamiento del Cereso de Tlaxcala. Mientras el Gobierno estatal sostiene que se trató de la aplicación de protocolos y niega que existiera una detención, la activista y otros integrantes del movimiento han planteado una versión distinta sobre lo ocurrido, por lo que queda abierta la discusión sobre la actuación del personal durante el procedimiento de acceso.
