Los Observatorios Ciudadanos de Protección Animal de Jalisco, Puebla y Tlaxcala reconocieron avances relevantes en el dictamen de Ley General de Bienestar Animal, entre ellos el reconocimiento de los animales como seres sintientes.
Asimismo, destacaron la incorporación de los cinco dominios del bienestar animal, el criterio de interpretación orientado a otorgar la mayor protección posible, el reconocimiento del animal bajo el cuidado de una comunidad y la creación de mecanismos de estabilización poblacional mediante esterilización, rehabilitación y retorno.
No obstante, el análisis señala que permanecen asuntos que requieren atención durante las siguientes etapas del proceso legislativo. Uno de ellos es la ausencia de una cláusula expresa que establezca a la Ley General como un piso mínimo nacional y garantice la permanencia de disposiciones locales que otorguen mayores niveles de protección.
Los Observatorios también advierten que el texto no establece de manera categórica que la muerte de animales sanos no podrá utilizarse como mecanismo ordinario de control poblacional por razones como sobrepoblación, permanencia en vía pública, falta de adopción, saturación institucional o insuficiencia de infraestructura.
En materia presupuestaria, señalan que el dictamen crea nuevas obligaciones para entidades federativas y municipios, pero dispone que su implementación deberá realizarse con los presupuestos autorizados, sin recursos adicionales. El posicionamiento apunta además que no existe un mecanismo específico de concurrencia financiera que garantice y distribuya con claridad los recursos necesarios para cumplir estas responsabilidades.
El documento también aborda la derogación de la figura de “Trato Digno y Respetuoso” de la Ley General de Vida Silvestre; la regulación de la insensibilización y la matanza; la persistencia de la categoría de animal feral en entornos urbanos y rurales; la experimentación animal en educación media superior; los espectáculos que utilizan animales; así como la coordinación entre Agricultura, SEMARNAT y Salud.
Otro de los temas señalados es la necesidad de fortalecer la transparencia y evaluación de la nueva política pública mediante indicadores nacionales homogéneos y comparables que permitan conocer, entre otros aspectos, las esterilizaciones, vacunaciones, rescates, adopciones, denuncias, sanciones y presupuesto ejercido en las entidades federativas y municipios.
Los Observatorios señalaron además que durante la construcción y dictaminación del proyecto habría sido conveniente desarrollar mesas de trabajo más amplias y técnicamente representativas con organizaciones de protección animal, academia, especialistas y otros sectores con experiencia directa en la materia.
Finalmente, los Observatorios dejaron en claro que la incorporación de avances no elimina las preocupaciones técnicas pendientes, pues consideraron que la aplicación de una Ley General debe acompañarse de definiciones claras, coordinación institucional, mecanismos suficientes de implementación y garantías que eviten retrocesos respecto de los niveles de protección ya alcanzados en las entidades federativas.
