El análisis independiente “¿Quién controla México?” ubica a Tlaxcala en el grupo de entidades donde prevalecen las instituciones públicas; la coordinación permanente entre Federación, estado y municipios forma parte de las acciones para preservar la seguridad y gobernabilidad.
Tlaxcala se encuentra entre las nueve entidades del país clasificadas con predominio de las instituciones del Estado, de acuerdo con el análisis independiente “¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad”, con información al 25 de septiembre de 2026.
El documento ubica a Tlaxcala junto con Nayarit, Durango, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila y Yucatán en esta categoría, que identifica entidades donde las instituciones públicas mantienen un predominio claro frente a la capacidad de actuación territorial de organizaciones criminales.
La clasificación no significa ausencia de delitos ni de retos en materia de seguridad. El propio análisis busca medir un fenómeno distinto a la incidencia delictiva: la capacidad de organizaciones criminales para imponer cuotas, controlar actividades económicas, establecer retenes, restringir movimientos o ejercer influencia sobre autoridades.
En Tlaxcala, la preservación de las condiciones de gobernabilidad y seguridad se sostiene en una estrategia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que articula las capacidades de las instituciones federales, estatales y municipales.
Durante la actual administración, el Gobierno del Estado ha destinado más de 10 mil millones de pesos a seguridad pública, mediante infraestructura, equipamiento, sistemas tecnológicos y nuevas capacidades de prevención, investigación y respuesta.
Entre las acciones desarrolladas se encuentran la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), la construcción de la Ciudad de la Seguridad y nueva infraestructura destinada a corporaciones policiales, procuración de justicia, formación de elementos y atención especializada.
A ello se suma la instalación de Centros de Control y Comando (C2) municipales conectados al C5i, como parte de una red que permite ampliar las capacidades de monitoreo, intercambio de información y atención de emergencias en los municipios.
La infraestructura tecnológica permite generar mapas delictivos, identificar zonas y patrones de riesgo, ampliar la videovigilancia y proporcionar información para la planeación de operativos y tareas de investigación.
Asimismo, se mantiene vigilancia en carreteras, accesos y puntos estratégicos mediante arcos de seguridad, sistemas de monitoreo vehicular y cámaras enlazadas al C5i, herramientas que contribuyen a la detección de unidades relacionadas con hechos delictivos y apoyan las labores de localización y recuperación.
Estas capacidades estatales se complementan con el trabajo coordinado con el Gobierno de México, a través de las instituciones que participan en las mesas de construcción de paz y seguridad, así como mediante operativos conjuntos, intercambio de información y acciones permanentes con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Defensa, además de autoridades municipales.
De esta manera, la seguridad en Tlaxcala se mantiene como una responsabilidad compartida y coordinada entre Federación, estado y municipios, con acciones preventivas, operativas, de inteligencia y de procuración de justicia.
El análisis nacional es una evaluación independiente y no constituye una medición oficial del Gobierno de México. Sus resultados permiten observar las condiciones de control territorial desde variables distintas a la incidencia delictiva y ubican a Tlaxcala dentro del grupo de entidades donde prevalece la presencia institucional del Estado.
Los registros de delitos denunciados y carpetas de investigación corresponden a otro tipo de medición y, por sí mismos, no determinan la existencia de control territorial por parte de organizaciones criminales.
Por ello, el resultado atribuido a Tlaxcala debe entenderse en el contexto de una estrategia en la que convergen las capacidades de los tres órdenes de gobierno, y que mantiene como prioridad preservar la presencia institucional, prevenir la expansión de grupos delictivos y garantizar condiciones de seguridad para la población.
