El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó la posibilidad de que todos sus integrantes hayan sido víctimas intento de espionaje telefónico en México, durante su estancia en el país por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

La denuncia del GIEI se presentó este jueves, a través de una carta, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), previo a las audiencias de México, en el 163 Periodo de Sesiones del organismo.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, integrante de la CIDH, fue quien dio a conocer la existencia de la carta-denuncia de cuyo contenido no detalló, pero si cuestionó a los representantes del Estado mexicano presentes sobre el caso.

Y es que paralelo a la carta del GIEI, organizaciones de defensoras de Derechos Humanos de México que participaron en las dos sesiones del día, claramente tenían en su agenda el tema del espionaje telefónico.
Incluso, deslizaron la idea de que los propios comisionados de la CIDH también hayan sido víctima de estos “oscuros métodos”, cuya práctica atribuyeron al gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Si a nosotros nos han espiado, seguramente lo mismo ha podido ocurrir con el GIEI o con ustedes mismos”, dijo Mario Patrón integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y cercano a los padres de los 43.

Patrón exhortó al organismo a expresar “su mayor indignación” por el caso del espionaje y responsabilizó al gobierno federal si en el futuro se dan a conocer conversaciones personales de los diversos organismos.

“Le decimos claramente al Estado, es el gobierno federal el responsable si algo pasa contra la seguridad de estos 43 madres y padres, contra sus representantes, nuestras familias y nuestros equipos de trabajo. Si como ya ocurrió se filtran conversaciones telefónicas para denostarnos, sabremos que es el Gobierno federal quien empleó herramientas como Pegasus y recurre a oscuros métodos”, acusó Patrón.

Los comisionados de la CIDH se refirieron al caso y cuestionaron respecto este tema a los representantes del Estado mexicano.

“Las víctimas, el día de hoy, han hecho un planteamiento que nos obliga a hacer una pregunta al Estado mexicano con respecto esta circunstancia de espiar y tener un equipo de espionaje, porque tenemos necesidad de escuchar el planteamiento del Estado mexicano”, dijo la panameña Esmeralda Arosemena.

El estadounidense James L. Cavallaro, manifestó su preocupación por el tema y reveló que en su carta el GIEI dijo que varios de sus integrantes y su secretario ejecutivo recibieron en marzo de 2016 mensajes parecidos a los que se describen en el reporte titulado “Gobierno Espía, Vigilancia Sistemática a Periodista y Defensores de Derechos Humanos”.

Ninguno de los comisionados de la CIDH hizo un pronunciamiento específico con relación a este tema, pese a la insistencia de los integrantes de las ONG`s para hacer un ultimátum al Estado mexicano.

En representación del Estado mexicano, Ricardo Sánchez Pérez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, dijo que el caso se está investigando y reiteró el llamado a aquellas personas que sienten víctimas de espionaje a que colaboren con la autoridad.

En tanto el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humano emitió medidas cautelares contra la Secretaría de Gobernación, la PGR y la SEDENA, “instituciones que las reconocieron y están en su aplicación”.