Presupuesto venezolano, un ‘bache’ en diálogo entre Maduro y oposición

El presupuesto del gobierno de Venezuela se erige como un nuevo obstáculo para el diálogo con la oposición, ya que por segundo año consecutivo será presentado, discutido y votado fuera de la Asamblea Nacional (AN).

El presidente Nicolás Maduro anunció que en los próximos días entregará el proyecto de presupuesto 2018 a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lanzada por él mismo a mediados de año y que ha ocupado las funciones de la AN.

De acuerdo al artículo 313 de la Constitución venezolana, el ejecutivo debe presentar “a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto”, recordó El Nacional.

Por su parte, el diputado Winston Flores llamó la atención hacia el hecho de que si la Asamblea Nacional no aprueba el presupuesto seguirá en vigor el del año fiscal en curso, por lo que desviarse de esa ruta sería ilegal.

El actual presupuesto tampoco siguió su proceso de aprobación constitucional, sino que fue presentado ante la Sala Constitucional del Poder Judicial venezolano.

Luego de las elecciones de diciembre de 2015 en que el oficialismo perdió la mayoría de la legislativa Asamblea Nacional, el gobierno venezolano la ha hecho a aun lado.

Primero a través de la Sala Constitucional del Poder Judicial , y ahora a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que busca rehacer la arquitectura institucional del país.

El problema con el presupuesto se da mientras languidece el proceso de diálogo que iniciaron hace dos semanas la oposición y el gobierno venezolanos en República Dominicana.

La víspera debería de haberse dado la segunda ronda de ese diálogo en Santo Domingo, capital dominicana, pero la oposición no asistió pues sus demanas siguen sin atenderse, explicó un dia antes.

Entre esas demandas figura la de reconocer las atribuciones de la Asamblea Nacional, que afirma han sido usurpadas por la Constituyente.

Maduro adelantó que más del 70 por ciento del presupuesto 2018 se destinará al gasto social, específicamente salud, vivienda, educación, trabajo y cultura.

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