Los días 6 y 7 de febrero se llevó a cabo la quinta visita oficial del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Ante ello, el gobierno reafirmó su compromiso con la atención al caso y se comprometió a continuar agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la visita incluyó distintas reuniones entre la CIDH y los familiares de las víctimas y sus representantes, lo mismo que con autoridades de alto nivel de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante una reunión este miércoles, funcionarios de la Procuraduría General de la República aportaron información actualizada sobre el seguimiento a un cronograma de once puntos que fue acordado en su momento con la CIDH y los familiares, y en particular en lo que toca a temas relacionados con las investigaciones, la emisión de posibles órdenes de aprehensión adicionales, la consideración de información novedosa sobre los hechos del caso.
Además se revisaron cuestiones relacionadas con las vías para asegurar una atención integral a las víctimas, en particular a partir de un estudio de impacto psicosocial que fue elaborado en conjunto entre sus representantes y autoridades del Gobierno.
En ese marco, se acordó continuar trabajando con la representación de las víctimas en la atención a los rubros abordados en la reunión, con miras a la realización del 167 período de sesiones de la CIDH (Bogotá, Colombia, 22 de febrero al 2 de marzo de 2018), en cuyo marco se llevará a cabo una audiencia pública sobre el seguimiento a las medidas cautelares del órgano interamericano en el asunto.
Por lo anterior, el Gobierno reiteró su determinación de continuar fortaleciendo la cooperación con la CIDH y con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y sus representantes, a fin de poder atender las cuestiones pendientes, deslindar responsabilidades y, sobre todo, conocer la verdad y atender la legítima demanda de justicia de las víctimas y de la sociedad mexicana.