Raúl Ramos
A unos días de que fue aprobada la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se informó que es una herramienta para los ciudadanos y no para políticos o funcionarios públicos, pues tiene el objetivo de beneficiar a la población para evitar abusos o condicionamientos a cambio de un servicio público.
Los tlaxcaltecas a través de este sistema, podrán denunciar si algún funcionario o servidor público les solicita dinero o algún producto en especie a cambio de realizar y agilizar un trámite gratuito.
Por citarse un ejemplo, si un prestador de servicio particular como taxistas, choferes de ruta o unidades particulares, son extorsionados por supervisores, policías, oficiales de tránsito, podrán denunciar el abuso sin complicaciones y con efectos de atención pronta.
Fue el presidente de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso del Estado, Enrique Padilla Sánchez, quien detalló que la creación de este sistema, permitirá además que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada cubriendo las necesidades de los gobernados.
“Esta nuevo sistema, sirve para que la gente, los hombres que trabajan cotidianamente tengan certeza de que el dinero del Gobierno se gasta en las cosas que necesitamos, además de que los actos entre particulares y el gobierno no intervenga la con corrupción, actos que están los ciudadanos cansados”, aseveró.
Ante la interrogante sobre el uso positivo que se le daría por parte de la ciudadanía, confió en que se implementará para inhibir actos negativos o se transparente entre todos lo que significa el acceso a esa nueva modalidad con ese sistema.
En el mismo contexto pero en la parte técnica, explicó que en sesión ordinaria de la semana pasada, los diputados aprobaron el proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
En ella los diputados locales avalaron la iniciativa presentada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, de Información Pública y Protección de Datos Personales, de Finanzas y Fiscalización, y la de Protección Civil, Seguridad, Prevención y Reinserción Social.
Con eso, los diputados crearon las bases, políticas, procedimientos e instancias, necesarias para llevar a cabo acciones concretas en contra de la corrupción en todos los niveles de gobierno.
“El fin fue crear una instancia de mejora continua del desempeño de la administración estatal además de tener la capacidad técnica y objetiva para evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, este dictamen reconoce que el diseño de combate a la corrupción debe ser el idóneo para alcanzar mayores esquemas de buen gobierno”, subrayó el diputado priista Enrique Padilla Sánchez.
Agregó que con esa aprobación de ley se fortalecerán los controles internos y externos para combatir la corrupción bajo un esquema legal, homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes.
Para eso, los diputados avalaron la creación de un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, también la Fiscalía Especializad en Combate a la Corrupción, un Tribunal de Justicia Administrativa el cual tendrá autonomía para dictar sus fallos además de que la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimiento y en su caso recursos contra sus resoluciones.
También, se avalaron modificaciones al Código Penal para establecer los delitos por hechos de corrupción como lo son: enriquecimiento ilícito cuando la o el servidor público no pueda acreditar el legítimo aumento de su patrimonio; ejercicio ilícito y abusivo del servicio público; abuso de autoridad, entre otros.
Para lo anterior se establecieron como plazos 90 días para la integración del Comité de Participación Ciudadana, y de 30 días para crear el Tribunal de Justicia Administrativa.
