Por unanimidad de votos, magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.

Mauricio Fernández, Juan Antonio Trejo y Héctor Gálvez, magistrados integrantes de dicho Tribunal, determinaron lo anterior al resolver los amparos en revisión del 203/2017 al 206/2017, relacionados con el caso Ayotzinapa.

Los juzgadores determinaron conceder un amparo para el efecto de reponer el procedimiento y requerir a la Procuraduría General de la República (PGR) que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

Resolvieron que, en caso de no presentarlos con las exigencias del protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones contra los coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.

Con relación a la investigación de la PGR, dijeron, no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por ello y al considerar que hubo graves violaciones a derechos humanos, como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no cuenta con una fiscalía independiente, “se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”.

La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar.

Asimismo, podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

En la sentencia, los magistrados señalan la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 de la Constitución de la República.

“El objetivo es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”, dijeron los magistrados en sesión celebrada este lunes.

Para ello, agregaron, la decisión tiene armonía con los artículos 20 y 21 de la Constitución que contempla el derecho de las víctimas a participar en la investigación y establece que la investigación incumbe al Ministerio Público.