Raúl Ramos

Luego de explicar que el Gobierno del Estado incumplió con  dar respuesta  a  las recomendaciones   que la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  giró a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Gobierno (SEGOB), por los actos de tortura cometidos en su contra.

El  ex policía  acreditable, Jorge López  Pérez,  sostuvo que  el martes pasado se venció el plazo de  quince  días  para solventar  las observaciones, pero la autoridad estatal no mostró  ningún interés por entablar un acercamiento,   e iniciar los  trabajos para  resarcir  los  daños  hacia su persona tanto económico, físico y moral..

Reprochó que a pesar de ser una víctima,  tiene que buscar a las autoridades para saber qué paso  con su caso, “lo cual es  indignante pues continúan violentando  los derechos humanos,  ante la ausencia  de  los órganos defensores de las garantías individuales en Tlaxcala”.

López  Pérez, reveló que un claro ejemplo es el  intento de no querer recibir  los comprobantes de los gastos que realizó para ser  intervenido quirúrgicamente,  ya que por la tortura  sufrió daños irreversibles en sus partes íntimas y columna vertebral.

Reprochó que  ha sido  respetuoso de los  tiempos y de las instancias, pero ya no permitirá  esta situación de menos precio que muestra el Gobierno del Estado, por lo que advirtió  que recurrirá  a otras  instancias  del ámbito nacional e internacional   como la ONU, para que de nueva cuanta  atraigan el caso ante las omisiones en las que incurren  las autoridades estatales; de ser necesario advirtió que  realizará  una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno con la finalidad de lograr una respuesta.

El ex alto  mando sostuvo que no existe en la ley ningún apartado que de una prorroga al Gobierno para dar una respuesta, lo cual  calificó como estrategia para evadir su responsabilidad, “entonces se estaría jugando,  si se comprometieron a aceptar, pues  tiene que cumplir; entonces que significa,   están dejando entre dicho al señor Gobernador,  que pregona  el respeto a los derechos humanos.”

Recordó que son cinco  las recomendaciones; una disculpa pública;  el pago de salarios caídos a partir de su detención;  la remuneración económica por gastos médicos; ejercer acción penal contra quienes cometieron la tortura e implicados y su ingreso al programa de víctimas  del delito.