El gobierno del presidente Donald Trump dispensará los estudios ambientales, lo que permitirá iniciar los trabajos para reemplazar hasta 22 kilómetros de barrera fronteriza en San Diego.
El Departamento de Seguridad Nacional informó ayer que emitirá la sexta exención de la presidencia de Trump. Una ley de 2005 otorga al secretario de Seguridad Nacional la autoridad de dispensar leyes, como la Ley de Política Ambiental, para construir barreras fronterizas.
Las exenciones evitan los estudios de impacto ambiental, que pueden demorar y potencialmente obstaculizar la construcción.
La dispensa más reciente allana el camino para que este mes comiencen las obras para reemplazar una segunda capa en la barrera de San Diego: una cerca de malla de alambre que con frecuencia es abierta con sierras portátiles.
El gobierno otorgó un contrato de 101 millones de dólares a la empresa SLSCO Ltd. de Galveston, Texas, la cual estaría a cargo de los trabajos.
El reemplazo de la primera capa de la barrera está prácticamente terminado, indicaron las autoridades.
Advirtieron de traumas por separar niños. Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU (HHS, por sus siglas en inglés) responsable de ayudar a reunificar a las familias que fueron separadas por el gobierno del presidente Trump, reveló ayer que había advertido a sus colegas que separar a los niños de sus padres podría causar traumas sicológicos serios y duraderos.
El comandante Jonathan White, del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, testificó ante un subcomité de la Cámara de Representantes que investiga la política de “Tolerancia Cero” implementada en abril pasado que resultó en la separación de más de 2 mil 700 niños. White era subdirector de la oficina que supervisa a los niños migrantes y fue reubicado de otro puesto para supervisar los esfuerzos de reunificación.
“Separar a los niños representa un importante riesgo de trauma sicológico para el niño”, declaró White. Dijo que ni él, ni nadie con quien trabajó, “habría apoyado esa política”.
El comité también escuchó a médicos, sicólogos infantiles y grupos de defensa que ayudan a los niños que fueron separados.
White dijo que asistió a las sesiones que informaban sobre la posibilidad de separar familias en 2017, pero le dijeron que no había una política vigente. Agregó que se enteró de la política de “Tolerancia Cero” en una conferencia de prensa del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions.
White dijo que no estaba al tanto de que alguien en el HHS supiera que se implementaría la política. Explicó que él dirigió el plan para reunir a los niños con sus padres.
La audiencia reflejó las prioridades de los demócratas después de que tomaran control de la Cámara Baja en enero. Fueron muy críticos de la política de separación de familias de Trump y, aunque ésta terminó, siguen exigiendo respuestas sobre cómo llegó a implementarse.
“No hay evidencia de que los líderes de HHS alguna vez intentaran acabar con esta política aberrante”, dijo la líder del subcomité Diana DeGette, demócrata de Colorado. “Dado que se trata de una agencia dedicada al bienestar y salud infantil, tenemos que saber por qué”.
Las agencias del HHS se encargan del cuidado de menores migrantes en EU, incluidos aquellos separados de sus padres en la frontera.
En tanto, grupos de protección de los derechos de los inmigrantes y varias legisladoras demócratas instaron ayer al Congreso estadounidense a no aprobar fondos adicionales para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia gubernamental encargada de las deportaciones.
“Me comprometo a no aprobar ni un solo dólar para ICE. Una agencia como esta, que repetidamente viola los derechos humanos, no merece ni un centavo”, apuntó la representante Alexandria Ocasio-Cortez en una rueda de prensa en el Capitolio.
“Es mentira que a Trump le guste la inmigración legal. Desde su llegada, ha estado recortando y eliminando programas de inmigración legal”, agregó la legisladora.
