Andrea Moreno
La diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano, presentó hoy en el Congreso del Estado de Tlaxcala, una polémica iniciativa en relación con el otorgamiento de plazas laborales, en la que resulta necesario realizar algunas modificaciones a la Ley a efecto de crear un mecanismo adecuado para cubrir las vacantes generadas en la administración pública, sea esta estatal o municipal, para dar certeza a los trabajadores, pero también a las instituciones para no contraer compromisos financieros que no puedan solventar o lastimen el presupuesto, como ha pasado en múltiples ayuntamientos.
Sin duda, esta importante reforma modifica diversos ordenamientos legales para normar el otorgamiento y supresión de plazas laborales en Tlaxcala, Sin embargo, requiere un trabajo conjunto entre gobiernos, sindicados y obviamente la clase trabajadora y de aprobarse las modificaciones a la ley, las bases otorgadas en los municipios deberán ser ratificadas por una calificación de mayoría.
Existe un retroceso a los derechos laborales, sin olvidar que existe un gremio en el que precisamente no se reconocen los derechos, que además hay que considerar a quienes forman parte de un convenio bipartito que llevan más de una década en esa situación laboral y reciben un salario casi simbólico por su trabajo.
La falta de regularización de los sindicatos es un factor ocasiona que mayoría de las plazas aún sean heredadas a los hijos que muchas veces ni cubren el perfil, en ocasiones ni la preparatoria tienen terminada, se sienten dueños de las dependencias del gobierno estatal, por lo que está ley analizará los perfiles, entre otros factores para poder otorgar las plazas en el estado y que se cubran las vacantes de manera correcta y oportuna.
Actualmente el otorgamiento de plazas de trabajo en poderes y ayuntamientos se realiza indiscriminadamente sin considerar el impacto presupuestal, una de las principales modificaciones a la ley, contempla que para asignar una nueva plaza de base por defunción, renuncia o jubilación del titular; sea la propia administración quien determine su pertinencia de ocupación o supresión, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
Para finalizar, la propuesta de decreto sostiene que serán los titulares de los organismos descentralizados de la administración pública, así como el poder ejecutivo, los comités de administración y el propio consejo de la judicatura o cabildos, los que deban corroborar que se cumplan los requisitos establecidos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala en el otorgamiento de las plazas, para que cubran el perfil adecuado y no se salgan del presupuesto.
