Redacción

La enseñanza especial que reciben jóvenes con alguna discapacidad en más de 300 planteles federales de educación media superior está en riesgo de desaparecer por el plan de austeridad del gobierno federal.

Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), un programa piloto que nació hace 10 años, no es reconocido como un proyecto oficial y hasta ahora no ha sido considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se indica que en esta modalidad educativa hay 27 mil 878 estudiantes . En el documento se detalla que 46% de los alumnos padece una discapacidad intelectual; 16%, una motriz; 14%, una auditiva; 10%, una visual, y 2%, sicosocial.

La Subsecretaría de Educación Media Superior reconoce que debe tener al menos 670 millones de pesos, pero por ahora sólo dispone de 34 millones.

Si bien las políticas económicas de esta administración federal han puesto en duda la continuidad del programa, la falta de presupuesto ha sido un problema constante que impide mejorar la calidad educativa para las personas discapacitadas.

Como una medida para que el programa subsistiera, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tuvo que recortar a 97 asesores educativos de los mil 182 que tenía.

Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, acepta que actualmente no se cuenta con los recursos económicos para darle continuidad a los CAED.

“No tenemos suficiencia para poder financiar el programa durante todo el año. Ya hemos hecho el planteamiento a Hacienda para ver la posibilidad de que se reconsidere lo que nos dieron como techo presupuestal, que es muy limitado para resolver el tema.

“Nuestro propósito es defender los CAED, porque uno de los grandes proyectos del Presidente es atender la inclusión de niños con estas condiciones”, dice.

A pesar de que no se aseguró el financiamiento para la educación inclusiva, Arroyo Ortiz indica que el objetivo de esta administración es regularizar el programa y que sea reconocido por la SEP.

“Es urgente replantear el servicio de atención a alumnos con alguna discapacidad para cubrir el principio de inclusión”, concluye.