Georgina Ballesteros
Luego de que acusaran al Diputado José María Méndez de haber cometido un supuesto fraude en contra del Colegio Juana de Arco de Huamantla en el año 2016, este día en diversos medios señalaron al diputado surgido de las filas de MORENA de haber cometido otro supuesto desfalcos, esta vez en contra de una financiera del Estado de Puebla, quien le habría facilitado un préstamo por la cantidad de más de 20 millones de pesos.
La denuncia pública del diputado José María Méndez Salgado, quien a través de su empresa Grupo FifMex, habría estafado a las monjas del Colegio Juana de Arco de Huamantla y años más tarde, habría acudido a una financiera de Cholula para solicitar dinero que no ha liquidado.
Al parecer, la sentencia por fraude ya fue dictada por un juez; sin embargo, la acción de la justicia está detenida aparentemente por el fuero del que goza el legislador de la 63 legislatura local del Estado de Tlaxcala.
En la citada denuncia el diputado habría firmado un contrato el 19 de mayo de 2017, por un crédito de 12 millones de pesos “como administrador único de Grupo FifMex S. A. de C. V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada (SOFOM)”.
El Diputado dejó a María Rosario Cabrera Hidalgo como garante hipotecaria, garante prendaria y obligada solidaria, es decir, su aval, y además “garantizó los pagos a través de las escrituras de una casa ubicada en Lomas de Angelópolis, en Cholula, Puebla; las escrituras de dos predios, uno ubicado en la Hacienda de Soltepec y otro en la colonia Cuauhtémoc, en Huamantla y las facturas de dos camionetas Explorer, todo a nombre de María Rosario Cabrera Hidalgo”, señala la nota periodística.
Sin embargo, al no liquidarse ninguna de las parcialidades de cobro, en enero de 2018 la financiera demandó por la vía legal el pago de su préstamo.
Por todo lo anterior, el Diputado ahora está en la mira de la justicia incluso se sabe que el pasado mes de julio un juez sentenció a José María Méndez Salgado a pagarle a la financiera los 12 millones de pesos pidió originalmente, más los casi 10 millones de pesos por concepto de intereses, más lo acumulado durante el proceso, lo que daría la suma de poco más de 22 millones de pesos.
