Las corrientes de opinión en redes sociales son como un estuario en el cual desembocan aguas dulces y saladas. En ellas navegan cada día más personas y ya suman en el país cerca de 90 millones de usuarios. Afectan la vida en casi todas sus formas como valiosa vía de comunicación colectiva. Pero también hay raudales de desinformación que llegan a cobrar vidas, por ejemplo, en una pandemia, por la falta de transparencia y robotización de sus plataformas. Su operación recuerda ese corte longitudinal en forma de embudo en el cual se mezclan las aguas fluviales con las marítimas, donde el fluido es turbio o sucio.

Por noticias falsas, pobladores de Ixtlahuaca colocan barricadas para detener supuestos “fumigadores”, y en Otzolotepec, también Edomex, queman patrullas para impedir la sanitización del pueblo porque en las redes corre el rumor de que pretendían esparcir el COVID-19. Mensajes contrarios a la verdad que afectan la movilidad, seguridad y derechos humanos en medio del contagio. Si bien las redes sirven para mantener comunidades conectadas, son responsable también de dejar crecer la alarma social con fake news, campañas políticas mentirosas o hasta apologías de odio que suelen ser castigadas en los códigos penales. ¿Robots? ¿Algoritmos? La preocupación por su impacto social escala en los gobiernos, que reclaman a las plataformas lucrar en la crisis sanitaria con noticias falsas en vez de ofrecer mecanismos para bajarlas de las redes, como hizo recientemente la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova. El llamado a rendir cuentas también incluye al presidente López Obrador, que pidió a Twitter y Facebook revelar sus listas de clientes por campañas en su contra en las redes, a pesar de que antes las alabara como “benditas” y nunca le preocupara cómo funcionaban mientras beneficiara a su causa o a su popularidad.

En efecto, el negocio de las granjas de bots, que se siembran para intervenir artificialmente la conversación pública, ocupa a los gobiernos hasta que la percepción es desfavorable. Una expresión de doble moral si, como afirma Twitter respecto al reclamo de López Obrador, el 60% de las cuentas de sus seguidores son falsas. Es posible que el Presidente desconociera algunas formas de operación de las redes y por ello las sacralizara. Pero al denunciar ahora la “infodemia” tampoco acierta en la pretensión de neutralizar noticias falsas, mientras en el mundo se cuestionan las cifras oficiales de COVID-19 en México.

Ese término fue empleado primero por Tedros Adhanom, director general de la OMS, para advertir de la difusión de noticias falsas sobre el COVID-19 como una epidemia paralela a la sanitaria. Pero, más allá del valor profiláctico de la denuncia, López Obrador lo retoma para repeler supuestos ataques a su gobierno, incluidos cuestionamientos al manejo de la crisis y la información oficial acerca de la magnitud y fuerza del contagio en México.

Prueba de su enfoque político-electoral es que su gobierno pidiera al INE que audite las cuentas de partidos de sus gastos en redes sociales. Evidentemente, una cosa es conocer e identificar si los adversarios políticos pagan publicidad encubierta en campañas en redes sociales y otra, muy diferente, preguntarse cómo eliminar noticias falsas que afecten la salud de los ciudadanos en la crisis sanitaria. No obstante, el INE dijo que la fiscalización y el monitoreo de campañas en redes es “permanente”, mientras que Twitter respondió que no recibe ingresos por bots, para negar la acusación de que el aumento de sus ingresos en 2020 se debió a la difusión de noticias falsas.

Independientemente de conveniencias partidistas, las acusaciones oficiales y las respuestas de las grandes compañías de internet dejan sin resolver la interrogante central sobre cuáles contenidos deben eliminarse de la red y cuáles son los mecanismos para neutralizar informaciones falsas o ilegales. Esto es vital en una pandemia, como reclama la OMS. Por lo pronto, Facebook esta semana presentó una iniciativa para crear un consejo independiente para supervisar el contenido tóxico e ilegal en la red, pero aún debe demostrar que puede funcionar sin caer en la legitimación de su propia iniciativa o ceder a la censura que quisieran los gobiernos. Todos estamos obligados, como dijo una de sus integrantes, Catalina Botero, a ser ingratos con las redes.