Redacción
Millones de personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y sicológica en América Latina y El Caribe quedaron atrapadas en un laberinto de complicaciones por una multiplicidad de efectos directos e indirectos por el ataque del coronavirus. Con el riesgo de caer en el desamparo si sus familiares inmediatos o sus cuidadores y asistentes de cuidado mueren de Covid-19, arrastran el denominador común de estar acorraladas por variados rangos de pobreza endémica, ya sea moderada o extrema.
Ante el impacto de las medidas generalizadas que buscan evitar el contacto físico y social para prevenir la transmisión de la enfermedad, sufren problemas de desatención en las tareas básicas de su vida, como bañarse, vestirse o alimentarse.
Por la cuarentena y sus restricciones en transporte y otras actividades, los especialistas y sus ayudantes están imposibilitados de visitarlas para las terapias. Sin medicinas ni alimentos y aislados o con separación corporal forzosa en sus hogares por temor a una contaminación masiva del padecimiento, más de 45 mil individuos bajo esa condición en Honduras alertaron que están en “alto riesgo” y se declararon en “calamidad doméstica”.
“Tenemos varios meses
“Es claro: la discapacidad ha sido muy invisibilizada en cuarentena y pandemia. Se habla muy poco”, afirmó el argentino Jorge Campis, sicólogo especialista en esa disciplina y profesor de las facultades de Medicina y Psicología de la (estatal) Universidad de Buenos Aires.
“Si ya de por sí son poblaciones con importante vulnerabilidad, acá la vulnerabilidad se fue potenciando. Una persona con [limitación] motora, por ejemplo, necesita rehabilitación, asistentes e instituciones. En este momento, las instituciones están cerradas y los terapeutas no van al domicilio por respeto a la distancia”. Tras aclarar que “no todas las profesiones” pueden atender por la teleconsulta, describió que “para el terapista sicomotricista u ocupacional [esa vía digital[ es más compleja y la persona (…) pierde ese soporte terapéutico vinculante”.
La rehabilitación y las escuelas de educación especial “son su único nexo social. Son muy pocas con otro nexo (…) Al desaparecer ese nexo, hay una sensación de vulnerabilidad más intensa y [piensan] que esa institución murió, no que no está”, subrayó. “Al no ver [ni institución ni terapeuta], por su pensamiento concreto y por sus problemas cognitivos cree que la ausencia es muerte”, relató.
Para el colombiano Juan Pablo Salazar, activista en defensa de seres humanos con una situación de ese tipo y víctima en 2005 de un percance marítimo, “las personas con discapacidad [ya] tenían muchísimos más retos antes” del coronavirus. Al precisar que el conflicto emerge cuando la dificultad física, intelectual, auditiva, visual y sicológica “interactúa” con cualquier muralla “del entorno”, Salazar declaró que los obstáculos al acceso a sanidad, educación, mercados laborales y otras formas de inserción social “sólo se han hecho peores con la pandemia y han incrementado las tasas de negligencia y discriminación.
“Si antes había barreras, con el Covid-19 (…) se ven más. Si [la epidemia] evidenció las falencias de los sistemas generales de salubridad, las falencias de esos sistemas ante las personas con discapacidad que ya eran graves, ahora son muchísimo peores”. Una reacción inquietante es que, por el aislamiento, “siente que la abandonaron” y que nadie la atenderá en su necesidad cotidiana, dijo el panameño Oscar Sittón, director de la (estatal) Secretaría de Discapacidad de Panamá. Un desafío para la postcrisis será definir “qué vamos a hacer” con personas con discapacidad cuyos padres o cuidadores murieron por el virus, pronosticó.
