La falta de transparencia en la información abre un amplio riesgo de fracaso para la estrategia del gobierno de López Obrador contra el covid-19, en cuanto al objetivo de salvar más vidas y contener eficazmente la pandemia. Es condición, también, para el éxito del plan gradual de desconfinamiento, en el que la decisión final de reabrir quedó en manos de estados y municipios. La corresponsabilidad de autoridades locales, sin embargo, se mueve como una brújula sin aguja para determinar la dirección hacia la “nueva normalidad”, al no contar con certidumbre de datos científicos que orienten sus acciones.

Las economías están destinadas a abrir, pero siguen un camino incierto en casi todos los países por la dificultad de predecir el contagio. Las experiencias hasta ahora muestran que es más fácil cerrar que abrirlas. La mayoría toma acciones a tientas que avanzan y frenan con el temor de recular ante el peligro del rebrote. México no es excepción, ya ha aplazado tres veces la apertura. Pero su ruta es aún más incierta por el tradicional ocultamiento de información, que permite a la autoridad y funcionarios responsables de la estrategia desviar objetivos públicos para servir a intereses del poder o de los encargados de controlarla. Prefieren que la realidad no opaque el mundo que quieren ver, aunque se precipite u obscurezca la llegada a la “nueva normalidad”.

¿En qué medida los criterios científicos contra el coronavirus se han subordinado a objetivos políticos, por ejemplo, en la gestión de la crisis o en evitar que ésta desnude deficiencias en infraestructura y seguridad sanitaria? ¿Hasta dónde las metodologías para predecir el contagio atienden a intereses gubernamentales de apurar la apertura económica? Las dudas se refuerzan por el tradicional ocultamiento de la información de los datos de las desgracias y abren mayores preguntas sobre el éxito del plan de desconfinamiento, ¿el Presidente puede pedir corresponsabilidad a estados y municipios sin transparencia en los fundamentos de su plan? ¿Puede esperarse que los particulares respeten los protocolos de salud con opacidad en la información pública sobre la magnitud de la pandemia y los riesgos que corren?
Desde que el gobierno presentó, el pasado 13 de mayo, el plan de semaforización para la liberación gradual del confinamiento, el país ha escalado al noveno sitio mundial en muertes por covid-19, sólo por debajo de EU, RU, Italia, Francia España, Brasil, Alemania e Irán.

En medio de los picos de la pandemia, esta semana se dio luz verde para la apertura de actividades económicas y sociales en 269 municipios llamados “de la esperanza”, aunque decenas optaron por mantener el aislamiento ante el temor al rebrote. Más de la mitad no cuenta con pruebas diagnósticas y se mueven con el pulso de los decesos e infectados de la comunidad, la saturación de crematorios y panteones, junto con sus intuiciones.

A la falta de monitoreo se suma la poca claridad de los criterios y metodologías del plan de “semaforización”. Tras los cuestionamientos a las estadísticas de la pandemia, el gobierno ha sugerido dejar el modelo Centinela por uno nuevo que le permita proyectar los picos de la pandemia y calendarizar el desconfinamiento. Pero sin explicar en qué consiste y cuáles son los parámetros de sus estimaciones, porque el modelo “es propiedad intelectual del Conacyt y, por ahora, no es público”, dijo el director de Epidemiología de Salud, José Luis Alomía.

El plan de regreso a la “nueva normalidad” está cargado de incertidumbre, como han reclamado entre la comunidad científica, que ven precipitados los plazos de la apertura mientras la curva de infectados y muertes sigan al alza. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo confiar en que la aceleración de los hechos no significa exponer a la población sin prudencia? Para producir transparencia es imprescindible abrir la información pública que, finalmente, es propiedad de las personas, más aun, tratándose de la cifra de la tragedia.

El gobierno no lo ha entendido, a pesar de dar conferencias de prensa diarias sobre la estadística del coronavirus. Y así la corresponsabilidad que se pide a la comunidad es más bien una forma de prepararse para exculparse de la gestión y rendición de cuentas de la crisis sanitaria.