Mucho más que promocionar consejos para contención de ira como los de papá, el gobierno tiene que modificar su actitud, narrativa y enfoque de política pública para enfrentar la violencia de género. El covid ha hecho más evidente la necesidad que visibilizó la manifestación de mujeres, a las que López Obrador no puede reconocer desde su perspectiva de moralismo político. Preferiría dejar esta problemática ahí, así, confinada en la casa, aunque es uno de los mayores epicentros de esta otra pandemia que las golpea por diversos frentes, desde restricciones en presupuestos oficiales hasta discursos y mensajes equivocados.
Como en otras dimensiones de la crisis sanitaria, la situación de violencia contra las mujeres se proyecta en el distanciamiento por la intensificación brusca de los síntomas de viejas enfermedades y se recrudece por la crisis de información. Sin aceptar una escalada de las cifras en la emergencia, se presentó esta semana la campaña #CuentaHasta10 como la vieja receta de autocontrol patriarcal para llegar a las casas con las imágenes de un lente y un discurso que nuevamente concitan el rechazo del movimiento de mujeres y organizaciones feministas. La crítica a los mensajes es por carecer de “perspectiva de género y que responsabiliza a las mujeres de la violencia”. La respuesta que ha querido dar a las denuncias, otra vez, recala en confrontación con ellas.
Vale destacar que la iniciativa es un reconocimiento de la urgencia de atacar la problemática, que ha sumado críticas y el desencanto de las mujeres, incluso entre sus bases. La indignación por declaraciones de López Obrador en los últimos días para negar o minimizar el aumento de la violencia alcanzó altos decibeles, tales como tildarlas de violencia institucional por desconocer un problema social complejo que, en aislamiento, se agrava incluso por factores de salud mental. La campaña, sin embargo, tampoco ha dado en el clavo como respuesta a la exigencia social de parar la violencia contra las mujeres. Los supuestos del diseño y destinatarios del mensaje no corresponden con la problemática para resolverla acertadamente. Otra muestra más de que el gobierno no entiende la situación cuando no puede enfrentar, como a otras violencias, con medidas punitivas o apelando a la superación de la pobreza.
Desde luego, el feminicidio sigue una tendencia al alza en los últimos años, pero tal es el tamaño hoy del problema, que en abril fueron asesinadas 11 mujeres cada día. Es decir, en pleno confinamiento, el mes pasado fue uno de los más letales de los últimos cinco años, con 337 víctimas, según datos oficiales. Pero, contrario a lo que indican sus datos las autoridades se apoyan en fallas de la justicia que inhiben las denuncias o los mecanismos de recepción y conocimiento de ellas para desestimar su crecimiento en la pandemia. Tratan de refutar los llamados de alarma con un menor registro de llamadas de auxilio al 911, donde la mayoría de las denuncias no prosperan o a las solicitudes de refugio en los centros de justicia federales, sin contabilizar la amplia red fuera del ámbito estatal. Ésas son las estadísticas que seguramente recibió el Presidente para rechazar el incremento.
Detrás de la interpretación de datos, el problema que subyace en la narrativa gubernamental o en la campaña #CuentaHasta10 es el supuesto de que la violencia contra la mujer es un problema del ámbito privado y su solución, de la moral de la familia. El Presidente se niega aceptar que es un problema social multidimensional que exige la intervención del Estado a través de políticas públicas y acciones discursivas rotundas de justicia para evitar el silencio de las víctimas que legitima al agresor y la impunidad.
La confrontación con el movimiento de mujeres nuevamente está servida, a pesar de acercamientos, incluso para discutir campañas como ésta que, finalmente, juzgan contraproducente por naturalizar la violencia de género y revictimizan a las mujeres. En efecto, podrían haber diseñado una campaña con otro enfoque, pero es difícil en el gobierno atreverse a mirar con un lente distinto al que usa el Presidente en temas que le enojan, como las críticas y protestas de las mujeres.
