Redacción

La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a México del dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.

En el auto judicial, fechado hace dos días, la presidenta del tribunal de ese organismo encargada de evaluar ese proceso, María Riera Ocariz, notificó al ministerio fiscal y a las partes que procede la entrega del empresario a las autoridades mexicanas por supuestos ilícitos de fraude y corrupción, señalaron a fuentes jurídicas cercanas al caso.

A pesar de que la defensa del acusado alegó que las imputaciones en su contra no eran constitutivas de delito y que en el caso de que lo fueran éstas habían prescrito, los jueces estimaron que Ancira Elizondo debe ser extraditado.

Sus abogados pueden recurrir ante la Audiencia Nacional de España, pero si el fallo se confirma, será el gobierno del país ibérico, a través del Consejo de Ministros, el que apruebe el procedimiento.

En cualquier escenario, la sentencia final demorará algunas semanas más, ya que la epidemia del coronavirus está ralentizando las decisiones de la judicatura española, que paralizó temporalmente sus actuaciones por el estado de emergencia en esa nación.

El dueño de AHMSA, quien se autodefinió como perseguido político y consecuencia de un daño colateral fruto del hostigamiento contra la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, se encuentra en España en libertad bajo fianza, luego de pagar un millón de euros y con la prohibición de abandonar ese territorio europeo.

En los próximos días y tras el fallo de la Audiencia Nacional, Ancira Elizondo podría ingresar en prisión hasta que se formalice su extradición, ya que el riesgo de fuga cobra mayor relevancia.

Durante su última comparecencia ante esa institución para defender su inocencia, el acusado dijo que México es un país sin leyes, por lo que no tenía garantías de ser juzgado conforme a derecho y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un mitómano.

La policía española capturó al empresario en mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional que giró el gobierno federal por supuestos delitos de fraude y corrupción.