Más claro, ni el agua. El presidente de Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, está metido en un serio problemón con el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). Aquí no son presiones familiares o de la disidencia de la cooperativa cementera; la congelación de cuentas ordenada por la jueza Laura Gutiérrez es por presunta facturación apócrifa a empresas fachadas y evasión fiscal.
De acuerdo con la investigación, utilizó muchas empresas para operaciones irregulares que pueden convertirse en delito, entre ellas Recursos Financieros Kerala, para desviar 180 millones de pesos con 51 facturas para el pago de servicios inexistentes; Capital Humano y Financiero Ambar, ATTAR 2715, Aura Desarrollo Social, Servicios Profesionales BAAL, Corporativo Facundia, Hesperia Imagina y ocho más por 191 millones 768 mil pesos.
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que ya se presentó denuncia ante la FGR para que pague impuestos y acredite los fondos. Junto con el SAT “encontramos un tema de defraudación fiscal y evasión fiscal con la presunta facturación apócrifa de más de 300 millones de pesos y movimientos al extranjero de mil 354 millones de pesos en cuentas personales. Lo importante es que se acredite el origen legal de los recursos”.
Las operaciones que se investigan se hicieron entre 2014 y 2019 junto con funcionarios de la empresa como José Alfredo Álvarez Cuevas, director de Planeación Estratégica de la cooperativa; Víctor Manuel Garcés, ex director jurídico; Miguel Eduardo Borrell, director jurídico; Noé Calvo Morales, director de Recursos Humanos; Mario Sánchez, coordinador financiero; Benito Rodríguez Fayad, gerente de Cementos y Concretos Nacionales; Rafael Jorge Zaldo, gerente de Impuestos de la cooperativa, y Pablo Reséndiz, gerente de Planta de Lagunas, Oaxaca.
Hay información valiosa en la declaración de “criterio de oportunidad” presentada el 2 de marzo de 2020 ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, por parte de María Alejandra Velázquez Paredes, ex Tesorera, y de Juan Manuel Briseño, director de Administración de la cooperativa Cruz Azul.
Cuarto de junto
La licitación IA-009J0U017-E11-2020 para la contratación del servicio de limpieza y fumigación en oficinas, plazas de cobro y campamentos de la Delegación Regional Querétaro de Capufe, de Domingo Acosta Rendón, y del Fondo Nacional de Infraestructura, quedó desierta porque ninguna empresa hizo propuestas. El origen parece ser el hecho de que Ocram Seyer, que ofreció este servicio de enero a noviembre del año pasado, no ha recibido el pago de 5 millones de pesos; el gerente es conocido por moroso entre las proveedores del sector.
