por José Buendía Hegewisch
Los ataques contra jueces son asunto grave que el gobierno no ha tomado con suficiente seriedad, a pesar de hablar de un contexto de violencia política en el país. Las acciones para violentar a las instituciones son un medio para lograr objetivos políticos. El miedo es el mensaje, como en la última ejecución de un juez federal, Uriel Villegas, de una larga lista de atentados de bajo costo para el crimen por el vacío institucional y la impunidad que hoy se agrava con la política de austeridad.
El objetivo del atentado, como reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue “un juez que hacía su trabajo”. Sus palabras, a modo de epitafio, subrayan dos cuestiones relevantes. La primera, el móvil por los asuntos sobre delincuencia organizada que llevaba el juez. Y, por consiguiente, que esta vez el crimen no se enmarca en la constante crítica de López Obrador a la corrupción de los jueces, a la que atribuye la liberación de criminales sin tocar a las fiscalías que los presentan mal, ¿es un problema de profesionalismo o amenazas a su integridad? En el caso de Villegas, ordenó el traslado de Rubén Oseguera, alias El Menchito, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, a una cárcel de Jalisco antes de su extradición a EU, en febrero pasado.
Los mensajes sobre la corrupción judicial, en efecto, generan confusión y también crean condiciones de indefensión si el Estado no se hace cargo de garantizar la protección de jueces y magistrados. En un discurso recurrente, López Obrador atribuye el mal funcionamiento del Poder Judicial a la falta de ética de jueces y magistrados. Al tiempo que los recortes presupuestales los dejan sin resguardo, como ocurrió con Villegas, al que, según la familia, le suspendieron la protección porque se creyó un gasto innecesario. Así, hombres armados entraron en su casa y lo asesinaron junto con su esposa, en Colima, donde había sido readscrito desde Jalisco como medida cautelar, para moverlo de una zona de riesgo para impartir justicia. Apenas medio centenar de jueces de 1500 en el país contaban, hasta 2019, con algún tipo de protección, aunque la Judicatura no suele explicar en qué consiste ni cómo pensaba reforzarlo con los 750 millones que pidió en el presupuesto de este año para ello. En cualquier caso, el proyecto lo borró la austeridad republicana, como muestra la desprotección de Villegas. Y sin mayor escándalo social, porque la imagen de privilegios y transas en el Poder Judicial está bien introyectada en la percepción pública.
La rotación de jueces es una política que impulsa el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, como mecanismo para evitar la penetración del crimen en regiones donde los circuitos de jueces están controlados por los cárteles. En febrero pasado presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción y el nepotismo que “alimentan a la impunidad que, por mucho tiempo, las ha acompañado”. No obstante, las acusaciones del Presidente y de Zaldívar rara vez se acompañan de denuncias en tribunales y tampoco pasan de condenar ataques en el discurso. O sea, no se traducen ni en acciones efectivas contra la corrupción y tampoco en protección a los jueces que “hacen su trabajo”.
La inacción de las autoridades crea vacíos institucionales, especialmente peligrosos cuando los llena la violencia política. El caso de Villegas no es nuevo, en los últimos años fueron ejecutados el juez federal Vicente Bermúdez, en el Edomex, tras negar un amparo al Chapo Guzmán, otro juez penal de Tamaulipas, un juez calificador en Guanajuato y uno de Puebla relacionado con el huachicol. También fue atacado un juez civil de Jalisco y recibieron amenazas un juez de control de Chihuahua y otro de Zacatecas. En todos, el mensaje parece el mismo, ¡no se metan con nosotros!
En contraposición, la respuesta del gobierno ha sido llamarlos a “bajarle” a la violencia y al activismo social que algunos cárteles muestran en el confinamiento, así como cuestionables encuentros, como el del Presidente con la madre del Chapo. El asunto va más allá de discursos ambiguos contra el crimen, aunque el gobierno parece que no se ha enterado de que se trata de violencia política que amenaza con silenciar y desactivar a las instituciones.
