#Conapred, racismo y AMLO

por José Buendía Hegewisch 

Una aguda legisladora con causa decía, sobre la idea presidencial de desaparecer el Conapred, que habría que cambiarle el nombre para sobrevivir. Podría llamarse Consejo para Recuperar la Dignidad a los Discriminados, pues los órganos que modificaron su nominación han perdurado en la 4T, como la CNDH en Defensoría del Pueblo, o el Sistema Nacional de Bienes Enajenados en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, hasta el Bansefi en Banco del Bienestar. El juego de poder detrás de los nombres recuerda la novela de José Saramago Todos los nombres sobre la historia de un funcionario del registro civil cuyo nombre es el único que, irónicamente, aparece en toda la obra.

Participé en la creación de Conapred con Gilberto Rincón Gallardo y estuve dos periodos en su Consejo Consultivo en el arranque de una institución que nació para cumplir el mandato constitucional que, por primera vez en 2003, prohibió la discriminación como derecho humano. Esa reforma al art. 1º recogió la lucha de un movimiento antidiscriminación que reuniera a 160 líderes sociales y ONGs en la elaboración de un diagnóstico sobre realidades invisibilizadas, como el racismo o clasismo, para proponer la ley del Consejo. El proyecto partió de la necesidad de nombrar prácticas y conductas que profundizan la exclusión como condición para avanzar en políticas públicas que garantizaran el derecho. Es cierto que la estrategia no fue compartida por López Obrador porque entonces, como jefe de Gobierno de la capital, su prioridad política era diferenciarse de iniciativas federales de Fox. Pero terminó por aceptar una ley local, aunque no pudiera nombrarla y hacerla suya, ante el peso de esta causa para un gobierno surgido de la izquierda, si bien con las críticas que hasta la fecha mantiene a los órganos autónomos.

Resulta también irónico que, 18 años después, una polémica pública sobre racismo obligue a la renuncia de la titular de Conapred y amenace su existencia, al menos como lo conocemos hasta ahora. Me parece que Mónica Maccise se equivocó en el planteamiento del foro que incendió las redes y en invitar a Chumel Torres, a pesar de sus comentarios racistas sobre el hijo del Presidente, lo cual dio pie a López Obrador para recordarle que éste no es un proyecto ni de él ni que él haya nombrado, sino de muchos porque —en palabras de Rincón— el “cambio no puede ser obra de un sólo individuo”. Ésta fue la diferencia capital con el primer presidente de Conapred, no las estrategias reformistas para transformar el país en que coincidían.

Porque el mayor reto para una verdadera transformación no es cambiar el nombre de las cosas como recurso para borrar el pasado, sino enfrentarlo. Como el interrogante ético del personaje de Saramago, a quien descubrir un poder lo puede llevar a cometer una infamia, aprovechar un error para desconocer una institución y las luchas sociales de muchos, acaba por conculcar derechos. La Co-
napred requiere reforzar sus capacidades institucionales y dientes afilados contra la discriminación, pero el objetivo se pierde si sus limitaciones sirven para ignorarlo o si la independencia recortada se cobra como simulación. En todo caso, su reforma tendría que comenzar por explicar dónde y por qué falla, qué de su diseño se presta a simulación. O acaso, ¿es suficiente descalificarlo porque su titular no se alinea con la 4T o el Presidente entiende que acabar con la simulación es subordinarlo al gobierno o dejar la tutela de libertades en la familia?

Es correcto que el gobierno plantee cambios al Conapred, pero no poner en riesgo una función del Estado si queremos avanzar en un piso común de libertades. Los órganos autónomos se crearon para cumplir funciones especializadas que el Estado autoritario no podía por falta de legitimidad. No es el caso de un gobierno con 30 millones de votos como el de AMLO, aunque comparte con otros del pasado incapacidad para garantizar los derechos humanos en el país. La transformación de Conapred pasa por un diagnóstico claro de deficiencias, no sólo de la descalificación de una política de austeridad y el mito del exceso de gasto que tiene a todos los autónomos en la picota. Y desaparecerla bajo la justificación del ahorro no hace más que recordar el viejo aforismo de que todo necio confunde valor y precio.

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