Redacción
“Me estoy muriendo y me siento de la chingada. Tengo fiebre, dolor de cabeza y cuerpo cortado”, le dice Julián a un familiar desde el Centro de Prevención y Readaptación Social (Cereso) de Huitzilzingo, Chalco, en el Estado de México.
En el servicio médico del penal la fila era larga y cuando llegó su turno, no lo revisaron porque en ese momento no tenía la temperatura alta, pero los malestares continuaron y, días después, regresó a que lo checaran. “El doctor le dijo: ‘Usted tiene Covid’, y él respondió: ‘¿Qué procede? ¿me va a sacar? ¿me va a llevar al hospital? ¿o me va a aislar?’, pero el médico se limitó a decir: ‘Aquí no hay ni como aislar ni tampoco lo podemos sacar a ningún hospital porque ustedes no tienen derechos y no entra en la lista de las personas que pueden ir a un hospital por la enfermedad’”, contó Julián, cuyo nombre es ficticio, a un familiar, quien habló en entrevista.
El virus del SARS-CoV-2 ha dejado 35 mil 6 muertos en México. En los sistemas penitenciarios federal, estatal y militar se registran 112 decesos por Covid-19; 736 casos confirmados acumulados —que incluyen los decesos— y un total de 224 sospechosos, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con corte al 11 de julio. Baja California, Puebla y Estado de México acaparan seis de cada 10 defunciones por coronavirus.
El mecanismo de monitoreo nacional por Covid-19 de la CNDH registró el 4 de mayo un total de siete decesos. Un mes después, el 4 de junio, aumentó a 55 personas y al 11 de julio van 112. Además, al contrastar los datos de la comisión con los de Prevención y Readaptación Social, se desprende que 92% de las muertes fueron en centros estatales. Para este reportaje se buscó la postura de la CNDH, pero no respondió.
La salud de Julián no mejoraba, por ello, su familiar pidió al doctor que le dijera qué medicamentos requería. A los pocos minutos le explicaron que estaba aislado, pero el médico no volvió a visitarlo.
Después Julian y nueve internos de Chalco fueron trasladados al Centro Penitenciario de Neza Norte, que se adaptó para atender a pacientes Covid provenientes de penales del estado. Ahí le aplicaron una prueba y salió positiva, pero su familiar notó un cambió en la atención médica porque diariamente le daban un reporte. Él se recuperó de la enfermedad y regresó a Chalco, pero estuvo 15 días aislado con los enfermos antes de retornar con la población.
El subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Manuel Palma Rangel, dice que con 22 centros son el sistema con los niveles de hacinamiento más grandes del país: “Tenemos espacio para 13 mil privados de libertad y tenemos 31 mil 435 personas”. También explica que en el contexto de la pandemia crearon una estrategia porque guardar “la sana distancia” en establecimientos con 300%, 400% de hacinamiento, como en Chalco, es prácticamanete imposible. Aunado a que sólo hay alrededor de 35 médicos para atender a los internos.
Desde principios de marzo adoptaron los estándares de Covid-19 de Naciones Unidas, que son protocolos para privados de libertad, familiares y custodios: “En todos los centros se está sanitizando, les dimos agua, jabón y cubrebocas”. Asimismo, indica que en Neza Norte habilitaron un hospital para 200 personas, a fin de atender los casos sospechosos y confirmados de coronavirus. En dicha área han atendido a cerca de 20 personas que ya se recuperaron, pero a éstas se suman otras 20 que salieron a hospitales del estado, de las cuales fallecieron cinco. También murieron 18 custodios, un médico y un abogado.
Por otro lado, luego de que una persona falleciera en prisión por probable Covid-19, según la causa de muerte de su acta de defunción, sus cinco compañeros de celda fueron aislados en un pequeño cuarto destinado a las visitas conyugales, en el Cereso de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Durante 14 días enfrentaron atención médica insuficiente, acceso limitado de agua e imposibilidad para guardar la sana distancia.
“Nunca presentamos los síntomas, nunca se nos hizo una certificación médica ni al entrar al confinamiento ni a salir de este y, por lógica, nunca se nos hicieron pruebas de Covid”, narra en entrevista una de las personas confinadas, de quien no se revela su nombre por seguridad. La vigilancia médica sólo consistió en tomarles la temperatura y revisarles la oxigenación de la sangre, añade.
Este diario tuvo acceso al amparo interpuesto por estos hechos. Al preguntarle a Palma Rangel sobre este caso, negó la situación y dijo que desde el principio de la pandemia hicieron una área especial para aislamiento en Santiaguito.
Sin preparación para una pandemia
Vómito, diarrea y fiebre fueron algunos de los síntomas que Xavier presentó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 5 Oriente, Villa Aldama, Veracruz.
“En la madrugada me mandaron a bañar con agua fría y medio se me bajó después de dormir un rato, pero al otro día volví a tener mucha temperatura”, le contó a su esposa, aunque nunca le realizaron un test para descartar que contrajo la enfermedad.
En los centros penitenciarios federales la población es de 16 mil 746 internos, con corte al 7 de julio. “Hemos tenido hasta la fecha 61 positivos
De éstas, cuatro fueron en el Cefereso 2 de Puente Grande, Jalisco, y dos en el Cefereso 5 en Perote, Veracruz, dijo en entrevista Juan José García Ochoa, director general de instituciones abiertas de Prevención y Readaptación Social.
El funcionario añade que hubo dos defunciones más sin que se realizaran pruebas, pero fueron registradas como “probable Covid-19”. También indica que se han aplicado 116 pruebas, la mayoría en el Cefereso 2 de Jalisco; Cefereso 11 de Sonora, donde hubo alrededor de 30 casos sospechosos; Veracruz; Huimanguillo, Tabasco; Altiplano, Estado de México, y en Guanajuato.
Entre los trabajadores de los penales federales se registran 175 casos positivos, 92 recuperados, 79 activos y cuatro muertes.
Por otro lado, la organización Intersecta realizó un análisis del número de defunciones registradas en el Sistema Penitenciario que incluye centros federales y estatales.
“En la información de los cuadernos [estadísticos] no podemos saber las causas de la muerte de las personas y eso es superimportante, porque no sabemos si se están muriendo precisamente por Covid-19, o sea, nosotros lo relacionamos porque sí es un incremento drástico.
“En abril fueron 49 decesos y en mayo 149, se triplicaron los casos”, señala a este diario Adriana Ortega, analista de datos de la ONG. Añadió que con base en las cifras de defunciones publicadas por la CNDH, con corte al 5 de julio, calcularon que “las tasas de muerte en la población abierta es de 25 por 100 mil habitantes en México y en los centros penitenciarios es de 51.6, o sea es el doble”.
Otra persona cuenta a este diario que su esposo duró tres semanas con dolor de cabeza y garganta, así como dificultad para respirar en el Cefereso 2 de Puente Grande, Jalisco: “Él es de las personas que nunca se queja porque no le gusta preocuparnos, pero para decirme necesito que me ayudes a meter una queja a derechos humanos o habla a las televisoras, eso fue lo que me preocupó a mí, porque nunca hace eso”. Días después se enteró por las noticias que tras-ladaron a más de 300 personas privadas de la libertad a Michoacán, entre ellas estaba su esposo, pero ninguna autoridad le dijo la razón del cambio de Cefereso. Aún no sabe si le aplicaron prueba para Covid-19.
García Ochoa explica que llegaron a tener cerca de 30 casos positivos y sospechosos con un riesgo enorme de que se propagara a la totalidad de ese centro: “La reubicación de los internos es muy difícil en los centros por cuestiones de seguridad y por la propia resistencia de los internos para moverlos aunque que les digamos que son condiciones más seguras.
“A todos los que no tenían síntomas ni enfermedad se les trasladó a otro penal. Entonces, de tener 777 personas pasamos a tener 376 y eso nos liberó la mitad del Cefereso 2 de Puente Grande para manejarlo como áreas de ais-lamiento y contener [así] futuros posibles brotes”.
Sistema de salud deficiente
En los centros federales había 330 personas del ramo médico, pero por la pandemia aumentaron a 424, dijo García Ochoa. Sin embargo, un año antes la CNDH señaló que “el derecho de protección de la salud continúa siendo un problema generalizado, dado que en 15 centros federales permanece la carencia de personal médico y de medicamentos, así como por la deficiencia en su atención, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019.
En centros estatales, el rubro de servicios de salud presentó deficiencias de 32.79% y se detectó hacinamiento en 32.24%, puntualiza el documento.
La abogada de Documenta A.C., Nohemí Juárez Gil, explica que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger y defender el derecho humano a la salud, pero también de prevenir su violación: “Dice la OMS que, de no atenderse la salud en el interior de los centros penitenciarios, se pueden convertir en un foco de contagio para las comunidades en las que están instalados”.
En el ámbito internacional existen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos —conocidas como Reglas Mandela— que indican que las personas privadas de su libertad gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios, sin discriminación por razón de su situación jurídica. También dicen que los establecimientos penitenciarios facilitarán acceso rápido a atención médica en casos urgentes.
Pero según los testimonios recabados por este diario, sus abogados y organizaciones de la sociedad civil señalan que estas disposiciones no se cumplen a cabalidad, de hecho, han tenido que recurrir a amparos y quejas ante las comisiones de derechos humanos estatales o a la federal por la violación al derecho a la salud de las personas que se encuentran en prisión durante la contingencia sanitaria.
Poblaciones de riesgo
En los Ceferesos se identifica a 2 mil 776 personas privadas de su libertad que se encuentran dentro de grupos de riesgo.
“No hay políticas públicas claras ni bien establecidas respecto de la atención que se debe de dar a esos grupos vulnerables, ya que una vulnerabilidad es la privación de la libertad y otra más es la condición de salud, discapacidad o la edad”, añade la abogada de la organización Documenta A.C.
Algunas de las recomendaciones que indicaron de manera conjunta UNODC, OMS, ONUSIDA y ACNUDH sobre el Covid-19 en cárceles y otros centros de internamiento indicaron que la sobrepoblación observada en muchos sitios de detención mina la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana. Asimismo, hacen hincapié a los líderes políticos para que consideren la privación de libertad, incluyéndose la prisión preventiva, como un último recurso, especialmente en las prisiones que están masificadas. También pidieron esfuerzos por adoptar otras medidas no privativas de libertad, que deberían de abarcar liberación para las personas con mayor riesgo de contraer Covid-19, “como la gente mayor y los internos con enfermedades”.
A los familiares de las personas privadas de la libertad en centros federales y estatales les preocupa que el único contacto que tienen es a través de llamadas que duran alrededor de 10 minutos. Además de que llevarles medicamentos o productos de primera necesidad para su alimentación o higiene personal se complicó tras el inicio de la pandemia por el coronavirus.
