por Jesús Rangel

Un grupo de 12 expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) planteó una estrategia para “salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad”, y parte de una premisa que parece no comprenderse del todo: “el nuevo compacto social exigirá mucho de los gobiernos” porque los desafíos y retos son muchos.

Algunas propuestas son: “repensar las políticas de transferencias” para que los apoyos lleguen más a la población vulnerable, crear seguros ante shocks cíclicos que protejan a los trabajadores, aumentar la cobertura y calidad de servicios de salud y educación, desmontar regulaciones que impiden la entrada de empresas nuevas y más productivas, reasignación de gasto para atender la pandemia, preservar empresas y empleo, y las transferencias a los hogares, y redistribución masiva de fondos para apuntalar el crecimiento y la inclusión.

Esto cobra importancia porque ayer el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, delineó los tres ejes principales de gestión durante su presidencia en la Conago que parecen estar en línea con el BID: atención a la emergencia sanitaria, reactivación de la economía y fortalecimiento de la política social en beneficio de los más desfavorecidos, y actualizar el sistema de coordinación fiscal para robustecer las finanzas públicas de estados y municipios.

La tarea no será fácil porque hay muchos desafíos políticos, económicos y sociales enfrente, y porque ya nadie quiere un México con crecimiento mediocre y desigual. La pandemia sanitaria abrió la posibilidad de emprender cambios a fondo y ahora es el momento de impulsarlos; por eso es relevante que la Conago buscará “sumar voluntades con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Los expertos del BID aseguran que “la región no podrá depender fuertemente de estímulos fiscales” como lo ha hecho en crisis anteriores, y que debe crearse un “marco institucional que abra oportunidades para todos en vez de priorizar la protección de solo algunos”, con políticas que “exijan una mayor eficiencia en el sector público, junto con un marco que premie a los funcionarios y sectores que innoven”.

También destacan la necesidad de que exista un “compromiso de alterar la gobernanza de la región para solucionar los problemas de toda la sociedad y no de ciertos grupos en detrimento de los demás”, y advierten que una “recuperación económica lenta no es aceptable”.