El país se adentra en una video-guerra sucia de escándalos que refleja el encono soterrano entre elites de poder y la presidencia de López Obrador, con consecuencias imprevisibles para el Estado mexicano. La confrontación ya no es sólo verbal y ahora escala a acusaciones penales, aunque falta por verse su solidez en tribunales. No obstante, las denuncias de Emilio Lozoya abren por primera vez la puerta para juzgar a expresidentes, quienes se han mantenido como figuras intocables para la justicia por denuncias de corrupción en sus gobiernos como hoy son señalados Calderón y Peña Nieto.
La corrupción no es nueva y ha sido el patíbulo de directores de Pemex, políticos y gobernadores, excepto de presidentes. La diferencia con el caso Lozoya es que dinamita el pacto de silencio transexenal que se institucionalizó para la protección de presidentes y sus grupos políticos a pesar de la alternancia democrática de partidos en el poder. De ahí su capacidad disruptiva y el rompimiento de la paz en el mundo político, con el telón de fondo del campo minado del financiamiento ilegal de las campañas que los afecta por igual a todos. En cualquier caso, la tensión se vive como el preludio de enfrentamientos mayores en medio de la peor crisis sanitaria y económica moderna. El Presidente sabe del riesgo de parecer todos lo mismo ante la creciente conciencia e indignación pública por la corrupción.
Su permanente confrontación, para diferenciarse del pasado, con críticos de su proyecto o la gestión de la crisis sanitaria y económica, ha abonado en la polarización y el conflicto. Pero ahora la pugna discursiva contra adversarios, intereses afectados por su gobierno o de quienes piensan diferente en su mundo binario del “amigo-enemigo” enfila hacia estrategias de persuasión, inhabilitación o destrucción de mayor calado. Desde Palacio Nacional se alienta la filtración de videos con la intención de montar un juicio popular a gobiernos del pasado, lo que sus adversarios repelen “ojo por ojo” con grabaciones que incriminan a familiares suyos o de su círculo cercano, como la que circuló en redes del consejero jurídico Julio Scherer con una vieja filtración de 2012.
Aires de venganza enrarecen la política y nublan los procesos de la justicia con ataques mediáticos. La nueva filtración de un video de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero para la campaña de 2015 es la guerra sorda entre facciones políticas que responden con la misma moneda a la divulgación de otros videos y a la declaración de Lozoya. La aparición en el video de David León, antiguo operador político de Manuel Velasco y nominado para ocupar la dirección de la distribuidora de medicinas del Estado, desluce el esfuerzo de destapar la cloaca de la corrupción de Peña Nieto y Calderón. López Obrador, como otras veces, no duda en atribuir esa filtración a “nuestros adversarios”, como una acción recurrente por librar acusaciones y descalificar a sus opositores.
En el fondo, las elites políticas pelean, palmo a palmo, la batalla de la percepción pública con la mirilla puesta en derribar los mitos de su poder a través de la delación de los pactos de silencio del financiamiento ilegal de la política. Unos exhibidos como parte de una amplia confabulación transexenal con los sobornos de Odebrecht, los otros para demostrar que el Presidente y su grupo no son diferentes de sus constantes denuncias contra la vieja clase política. La inveterada corrupción es el arma arrojadiza para diferenciarse del pasado, tanto para servir al bando contrario como para demostrar que sus dichos son hipócritas, y más de lo mismo de antes. Así se divide y polariza la opinión pública entre los que ven el caso Lozoya como el mismo circo de siempre, mientras sus aliados lo quieren mirar como el principio del fin de Corruptópolis.
Los juegos de poder, sin embargo, escalan en el grado de riesgo para atizar la confrontación, pero a costa de que los casos lleven a un fortalecimiento de la justicia. Con sus denuncias como testigo protegido, Lozoya ha elevado el listón de averiguaciones anteriores hasta señalar presidentes, pero también revela que el gobierno de López Obrador ha emprendido el viaje contra la omertá sexenal sin los acuerdos políticos que en otros países permitieron conducir un proceso así por los canales de la civilidad institucional. Queda el combate anticorrupción en lucha de facciones políticas.
