Redacción
Después de 12 años y 8 meses, el líder del sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, ganó un laudo a Minera Peñoles por despido injustificado. La empresa deberá pagarle 1 millón de pesos en salarios caídos y prestaciones después de este tiempo.
En conferencia de prensa, el también senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer que la Junta Especial Número 10 De La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció su relación laboral desde el 24 de enero de 1994 con la Minera Mexicana La Ciénega S.A. de C.V. perteneciente al Grupo Peñoles.
“Obtuvimos un laudo favorable en contra de la empresa de Grupo Peñoles de Alberto Bailleres. El primero de enero de 2008 la empresa me despidió como secretario general, fue un despido injustificado por razones políticas”, dijo.
“Esto iba junto de la mano con un proceso de persecución política para terminar con un Sindicato Nacional y con su dirigencia. Escogieron a un sindicato que estaba defendiendo los derechos de los trabajadores, acabar conmigo y una persecución política como no se había visto en México en muchísimos años ni probablemente en el mundo”.
De esta forma la Minera Mexicana La Ciénaga deberá pagarle poco más de un millón de pesos por concepto de salarios caídos y vencidos desde 2008 cuando se le suspendió; también sus prestaciones laborales, todos los pagos y adeudos con el Infonavit y el Instituto de Pensiones y de Afores, que tendrán que restituirlos.
Reclamó que durante los años que duró su proceso, no hubo ninguna resolución en contra de estas empresas ni decisión para obligarlas a negociar y resolver los conflictos.
Sin embargo, dijo, el caso también refleja la ineficiencia de las juntas locales de conciliación y arbitraje puesto que a la fecha hay más de 500 mil casos rezagados de trabajadores que no tienen su visibilidad pública ni política para obtener resolución a sus demandas.
“Refleja la ineficiencia de las juntas locales y federales, y la debilidad para recibir las presiones de los abogados lobbistas que se dedicaron a hacer trabajo para las empresas y retrasar el juicio. hoy las juntas de conciliación y arbitraje tienen más de 500 mil casos rezagados de juicios laborales como éste”, señalo.
“En general los casos toman de 3 a 5 años pero hay casos de más de 10 años y hasta de 20 años. Sabemos de 2 casos de 29 años, en uno de ellos ya murió el trabajador y el juicio persiste latente y abierto. No sólo es ineficiencia, es corrupción”.
